La Junta protegerá a los funcionarios que denuncien delitos contra la administración

Castilla y León se convierte en la primera Comunidad de la España autónomica en proteger a aquellos empleados públicos que denuncien delitos contra la corrupción. Un Anteproyecto de Ley, que se pretende que esté aprobado en el plazo de tiempo mínimo posible y con el que se busca tomar «medidas preventivas» para la calidad y regeneración política, según indicaba el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Un texto que inicia su tramitación con su publicación en el Consejo Abierto para pasar posteriormente a la Mesa General del Consejo de la Función Pública y al Consejo Consultivo para su aprobación final en Consejo de Gobierno.

La Ley se estructura en tres artículos, dos disposiciones adicionales y tres finales. Con ello se pretende regular actuaciones de la Administración que le sean facilitadas por sus funcionarios respecto de actuaciones que hayan sido realizadas por Altos Cargos o funcionarios en el ejercicio de sus cargos o funciones, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administración Pública.

En cuanto a la tramitación el funcionario remitirá la información a la Inspección General de Servicios, la cual procederá a la apertura de una información reservada que tendrá carácter prioritario, y que tendrá dos meses para desarrollar la labor inspectora. Si en las actuaciones se observan indicios de la existencia de un piosible delito se dará traslado de lo actuado al Miniestrio Fiscal. Y como garantías, frente al funcionario informante no podrán adoptarse medidas que venga motivada por tal actuación y que perjudique su situación laboral, no pudiendo ser removido de su puesto de trabajo. Unas garantías que serán de aplicación durante la sustanciación de dichas actuaciones.

Tras conocer este Anteproyecto de Ley, el portavoz de Ciudadanos (grupo con el que mantiene el PP un pacto por la regeneración democtrática) en las Cortes, Luis Fuentes, a través de un comunicado, mostraba su «extrañeza», al señalar que «en caso de que sea un mecanismo útil lo aprobaremos, pero visto lo visto en los últimos días, no descartamos que el proyecto de la Junta se aleje de este espíritu real de impedir que se coaccione a quienes destapan casos de corrupción». Fuentes señala que su grupo estudiará con detenimiento el tecto que propone la Junta, para garantizar la protección de los funcionarios.