La pobreza se reduce a niveles previos a la crisis

Castilla y León tiene una tasa de riesgo de pobreza del 17,7 por ciento, que es de las más bajas de la España autonómica, y se sitúa en un nivel similar a la situación que había en 2008, antes de la crisis económica.

Si bien, y pese a esta tendencia decreciente de la exclusión social, todavía hay 433.000 personas que viven en nuestra Comunidad en riesgo de pobreza, según el informe anual elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en el que, por el contrario, se revela también el aumento de la brecha de miseria durante la última década. «La crisis ha aumentado considerablemente la desigualdad», alerta Daniel Duque, presidente de la EAPN en Castilla y León, quien pone como ejemplo que el 20 por ciento de los que más cobran en esta Comunidad ganan hasta 6,6 veces más de dinero que el 20 por ciento de los que menos nómina tienen. Y es que según el informe, esta brecha de pobreza ha pasado del 19,5 por ciento en 2008 al 28,5 actual. O lo que es lo mismo, un crecimiento de 708 euros hasta situarse a principios de este año en 2.342 euros de diferencia.

Duque considera que «algo ha fallado en lo social» para que haya crecido tanto esta brecha, advierte de que el perfil del pobre ha cambiado, «ya no es que el espera fuera de un supermercado sino el que hace cola dentro del establecimiento», dice, y urge a las administraciones públicas a reforzar sus políticas en todos sus departamentos para tratar de reducir esta desigualdad.

menos pobres en la región

Por su parte, la consejera de Familia, Alicia García, valora positivamente que la tasa de pobreza, conocida como el índice Arope -que es la suma tres variables: pobreza económica, baja intensidad del trabajo por hogar y privación material severa-, sigue reduciéndose cada año en la Comunidad, aunque reconoce que queda mucho por hacer.

Al respecto, García pone en valor que Castilla y León es, con un 2 por ciento de la población, la Región española con menor número de personas que viven en condiciones de privación material severa. Se trata de una variable que afecta directamente a las políticas sociales ya que mide nueve pautas de consumo en la persona, como por ejemplo no poder irse de vacaciones al menos una semana al año, no ser capaz de mantener su vivienda con una temperatura adecuada, no tener capacidad de afrontar gastos imprevistos y retrasos en los pagos, o no poder permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días. Una situación que, según el informe, afecta a 48.000 personas en Castilla y León, dieciséis mil menos que hace dos años.

La consejera se quedaba con este dato y con la tendencia a la baja de la pobreza más severa, y destacaba la importancia que ha tenido y tiene en este descenso la Red de Protección a las Familias afectadas por la Crisis puesta en marcha por su departamento en colaboración con los empresarios, y sindicatos además de las asociaciones del tercer sector. Alicia García asegura que la Junta trabaja cada día en nuevas iniciativas centradas en las personas, como el recién aprobado Plan Estratégico de Servicios Sociales, que tiene como objetivo, dice, a las personas que aún siguen ancladas desde hace años en los servicios existentes frente a la exclusión.

CCOO: «Es impresentable que se hable de recuperación»

Para Comisiones Obreras, «es impresentable» que se hable de recuperación económica en la Región cuando hay 433.000 personas en riesgo de exclusión social. El sindicato recuerda que hay más de 20.000 hogares en Castilla y León con carencia material severa; treinta mil que no pueden encender la calefacción; y 76.000 donde nadie trabaja y carecen de ingresos. «No se puede decir que se esté produciendo un cambio de tendencia, porque son muchas las personas que siguen padeciendo una situación dramática», apuntan desde CCOO. Además, la central sindical alerta de la «nueva pobreza» que se ha creado en los últimos años debido al «elevado porcentaje de personas, sobre todo mujeres, que trabajan a tiempo parcial y temporal, con ingresos que no llegan a los 8.209 euros al año, y afirma que esta situación afecta también a más de 111.000 menores.