Las Cortes aprueban una ley para frenar desahucios y facilitar vivienda protegida

Las Cortes dieron luz verde, con los votos favorables de PP y UPL y la abstención de PSOE e IU, a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, que permitirá frenar desahucios y facilitar el acceso al parque de pisos protegidos existente en la Comunidad (en torno a 12.000 inmuebles), con el propósito de paliar los efectos de la crisis.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, desgranó en el hemiciclo, durante el pleno del Legislativo, algunas de las consecuencias de la nueva norma, como por ejemplo la ampliación del grupo de colectivos de especial protección. Si el decreto-ley que aprobó la Junta el pasado verano contemplaba a familias con todos sus integrantes parados, con este texto, se incorpora también a los hogares en los que los ingresos no superen los 798 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y quienes tengan a la familia al completo afectada por expedientes de regulación de empleo.

Asimismo, si anteriormente se daba atención superior a deudores afectados por ejecución hipotecaria con resultado de lanzamiento, a partir de ahora se pondrá también un mimo especial en quienes aún no han culminado ese traumático proceso.

Silván, quien valoró las aportaciones del Diálogo Social y de los grupos parlamentarios en las Cortes, incidió en el reto de girar hacia un modelo orientado al alquiler de viviendas -por un importe máximo del 30 por ciento de los ingresos-, motivo por el cual se crearán listados públicos de arrendamiento social, integrados por una reserva mínima de un 30 por ciento de las viviendas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de Junta y ayuntamientos con más de 20.000 vecinos.

Por otra parte, se facilitará el mantenimiento de las VPO, a partir de facilidades en el cumplimiento de cuotas de compra o alquiler, con moras, ampliación de periodo de pago o rebajas de las rentas en hasta la mitad del importe. También se harán descuentos de entre el 30 y el 40 por ciento para amortización anticipada y se dispondrá el uso del derecho de compra tras alquiler. En las de titularidad privada, se incentivarán medidas para movilizar el ''stock''.

En lo referido al régimen legal de las VPO, se conceden más garantías a adquirientes, se simplifica la calificación y se concentra la promoción pública en sectores concretos -con ingresos menores del 3,5 por ciento del Iprem, es decir, 1.863 euros-. Silván incidió en que se trata de «atender las situaciones de dificultad sobrevenida».

El procurador del PP Alfonso García Vicente subrayó que Castilla y León es la segunda comunidad con menos familias con dificultades para hacer frente al pago de cuotas referidas a la vivienda, con apenas un 3 por ciento con «serias dificultades», si bien apostó por rebajar esa cifra. Un objetivo en el que trabaja la Junta, que ya han tramitado moratorias en los pagos en las nueve provincias.

La socialista Ana Muñoz de la Peña volvió a insistir en su tesis de la «especulación», y de la «liberalización, para vaciar de competencias a la Consejería».

Paños calientes

Por su parte, el procurador de IU, José María González demandó tumbar la Ley Hipotecaria de cara a resolver los desahucios. Mientras, Alejandro Valderas, de UPL, justificó su apoyo a la norma en que mejora el tratamiento dado a las entidades locales en la política de vivienda.