Las Cortes avalan a Herrera y darán la cara por los pueblos ante el Gobierno

Mañana inusual en las Cortes de Castilla y León. Hasta tres acuerdos alcanzaron los presentes el hemicilo. Todos. El de mayor calado, para matizar el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que ha puesto encima de la mesa del Gobierno central.

Una propuesta que partió del PSOE, que finalmente modificó el texto junto el Partido Popular, de cara a que se revise, antes de que haya un proyecto de Ley, el plazo para la presentación de las cuentas de las entidades locales menores exigidas, como al resto de las administraciones públicas, por la legislación vigente.

Castilla y León cuenta con 2.232 entidades locales menores, el 65 por ciento de cuantas hay en España. De las ellas, apenas un 12,3 por ciento han rendido cuentas y sólo un 3,5 por ciento en tiempo y forma, por lo que, siguiendo las directrices provisionales que contempla el Gobierno, habría que disolver 1.957. «Este plazo resulta ridículo», manifestó el proponente, Miguel Ángel Fernández Cardo, del PSOE, quien argumentó que «es como si la UE dijera que disuelve España porque no cumple con el objetivo de déficit que le ha impuesto». De igual manera, se demandó que se aclaren los términos para el desempeño de las funciones públicas necesarias y reservadas a los funcionarios con habilitación estatal a las entidades locales menores de Castilla y León. Esto es, que se aclare, a la mayor brevedad posible, qué funcionarios deben dar servicio a las entidades locales menores.

Desde el PP, Crescencio Martín defendió el compromiso de la Junta con los municipios y su apuesta por animarles a actuar para lograr una estabilidad presupuestaria.

El voto fue favorable, en ambas cuestiones, por parte de los 81 procuradores que ayer pulsaron el marcador en el Parlamento autonómico -faltaban la presidenta, María Josefa García Cirac, que sigue de baja, y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quien ayer estaba en Bruselas-, incluidos los dos del grupo mixto, José María González y Alejandro Valderas.

Modelo de farmacia

De igual forma, PP y PSOE hicieron también posible el acuerdo unánime para plantear al Gobierno que mantenga el modelo de farmacia, basado en la titularidad y la propiedad de oficinas dispensadoras.

En Castilla y León existen 1.633 sucursales de farmacia, siendo uno de los territorios con una red más tupida en lo que a boticas se refiere. Alfonso Fernández Mañueco, quien intervino por el PP, insistió en que además de ser un servicio, la farmacia sirve para vertebrar el territorio y fijar población.

A la vista un Pacto de Comunidad

El portavoz del PP en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, animaba a la oposición a arrimar el hombro para alcanzar, en los próximos plenos, una «posición de Comunidad» para defender el singular municipalismo de Castilla y León, a partir del informe crítico de Juan Vicente Herrera al documento del Gobierno que variará el mapa administrativo. Ana Redondo, desde el PSOE, afirmó que «la Ley estatal puede llevarse por delante a las juntas vecinales y las entidades locales menores y no lo podemos permitir».