Política
Las Cortes, partidarias de investigar a fondo los casos de bebés robados
Aprobada la propuesta del PP que pide a la Junta que facilite más información a las víctimas de adopciones irregulares y favorezca el acceso a bancos de material genético.
Sí, pero no. Sí en el fondo, pero no en la forma. Por vez primera entraba en las Cortes de Castilla y León un asunto que ha causado alarma social en toda España, como es el de los bebés robados. Dos propuestas encima de la mesa, una del PP y otra del PSOE. Y en principio, el mismo objetivo: poner fin a una lacra que perjudica la imagen del país porque muestra una España negra, que mezcla el fanatismo religioso y el negocio.
Pero lo que parecía un acuerdo fácil, no lo era tanto y se sacaba adelante la propuesta del PP, por la mayoría de los populares en la Cámara, tras meses de arduo trabajo y negociaciones entre populares, socialistas y Grupo Mixto. Una iniciativa parlamentaria que insta al Gobierno regional a investigar a fondo todos los casos de bebés robados en nuestra Comunidad, a través de un protocolo específico dentro del teléfono ciudadano 012. También reclama a la Junta que favorezca en todo lo posible a las víctimas de adopciones irregulares facilitándolas información sobre sus casos y favoreciendo incluso el acceso a los bancos de material genético.
PP y PSOE coincidieron en señalar la necesidad de ofrecer apoyo para esclarecer todos y cada uno de los casos. Pero el principal obstáculo y, a la postre definitivo, estaba en que la propuesta socialista, que contó con el apoyo del Grupo Mixto, pedía a la Junta un convenio de colaboración con la organización 'SOS Robados', que incluía apoyo jurídico, psicológico y económico, y reclamaba, también, que se dirigiera a los obispados para facilitar documentación que pudiera haber en capellanías, parroquias o registros bautismales.
En el Grupo Parlamentario Popular mostraron su rechazo a esta propuesta y explicaron que no hay que conformarse con pedir datos a los obispados, a los que ya se dirigen las autoridades judiciales, sino que también habría que dirigirse a diputaciones y ayuntamientos, responsables de muchas maternidades y centros de beneficencia. Y en cuanto al convenio con la asociación, los populares insisten en que la línea que sigue en estos momentos la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es la de apoyar a las víctimas con prestaciones en lugar de financiar a movimientos asociativos. Asimismo, recuerdan que la propuesta responde a las líneas rojas e irrenunciables solicitadas por SOS Bebés Robados.
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