Las Cortes piden que las cooperativas se fusionen y contar con mujeres y jóvenes

El parlamento regional, partidario también, a instancias de Europa, de que se permitan gasolineras sin trabajadores

Bancada popular durante el debate de la proposición no de Ley  sobre el personal militar temporal consensuada por todos los grupos, pero que en el caso del PP defendió Ángel Ibáñez
Bancada popular durante el debate de la proposición no de Ley sobre el personal militar temporal consensuada por todos los grupos, pero que en el caso del PP defendió Ángel Ibáñez

Las Cortes aprobaban ayer con el apoyo de todos los grupos -pese a las críticas de la oposición, especialmente de los partidos de izquierda, que la calificaron de «poco ambiciosa»-, una iniciativa impulsada por el PP que pide al Gobierno autonómico que ponga en marcha nuevas medidas que favorezcan la fusión de cooperativas para que los productores puedan tener beneficios y ganar en competitividad.

La propuesta, además, reclama que se dé un nuevo impulso a la participación en las cooperativas de los jóvenes y de las mujeres en los órganos directivos y consejos rectores de estas entidades. En este punto, todas las formaciones coincidían en señalar la baja incorporación de jóvenes al campo, aunque la procuradora socialista, Laura Pelegrina, iba más allá en su intervención al reclamar más ayudas a los cooperativistas, «porque es un sector fundamental para la Comunidad porque cuenta con más de 40.000 productores y genera 2.500 millones de euros de beneficios al año».

Por otra parte, el Parlamento regional avanzaba en la derogación de la Ley que regula el Estatuto del Consumidor desde hace dos años y que recoge que todas las gasolineras de la Comunidad tienen que contar con al menos un empleado que se encargue de atender a los clientes que quieren repostar sus vehículos.

Con los votos a favor de PP, Ciudadanos, UPL y la abstención del resto, las Cortes tomaban en consideración una proposición de Ley impulsada por los populares que pretende volver al estatus de 2016 y permitir que haya estaciones de servicio desatendidas.

Los avances en materia de seguridad y de accesibilidad, la presión de la Unión de Cooperativas Agrarias (Urcacyl) reclamando a través de una iniciativa legislativa popular que se haga una excepción en el caso de gasolineras cuyos titulares sean una cooperativa, y el «ejercicio de responsabilidad» ante las amenazas de sanciones por parte de la Europa de la Unión a España, son algunas de las explicaciones que daba el procurador popular Salvador Cruz, para impulsar esta iniciativa que, por el contrario, encontraba duras críticas entre los partidos de izquierda.

Especialmente en el PSOE, desde donde acusaban a la Junta y al PP de «hacer el ridículo» con esta vuelta atrás. «Parece que la Junta tiene manía a las gasolineras», decía José Francisco Martín, tras recordar el «daño» que, en su opinión, se hizo a las estaciones de servicio con el «céntimo sanitario».

Desde Podemos, por su parte, el parlamentario Félix Díez aseguraba que la derogación de esta Ley «supondrá un varapalo en los derechos de las personas con discapacidad», mientras que José Sarrión, advertía del desempleo que va a generar esta medida y denunciaba que en las cooperativas prime el negocio que hacen con estas gasolineras por encima del servicio que deben prestar en los pueblos de la Comunidad. A partir de ahora, según el Reglamento, se abre el plazo de presentación de enmiendas parciales.

Respaldo a los militares temporales de tropa

El Legislativo aprobaba también por unanimidad reclamar al Gobierno de España que favorezca la integración en el mercado laboral de los militares temporales de tropa y marinería que tienen que dejar las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años. El Parlamento de Castilla y León es el primero de España que aborda esta

cuestión que afecta a 6.300 militares en la Región, con el reto de convertirse en punta de lanza de esta reivindicación.