Las Cortes piden recuperar empleo público y que se mejoren las condiciones laborales

Tudanca denuncia la «precariedad» y los «recortes» efectuados desde 2011, mientras Podemos y PP recuerdan al portavoz socialista que estos empezaron con el PSOE y que él mismo votó a favor.

Recuperar el empleo público perdido desde 2011 -que el PSOE cifra en tres mil trabajadores-, y que se impulsen medidas que mejoren las condiciones de estos trabajadores. Esta era una de las principales iniciativas que salían adelante ayer en el Pleno de las Cortes, aunque sólo se aprobaban cuatro de los siete puntos de la propuesta defendida por el socialista Luis Tudanca.

Entre ellos, pedir al Gobierno que elimine la tasa de reposición en el empleo público para que la Comunidad pueda ampliarla hasta el máximo permitido; que se recuperen las jornadas de 35 horas semanales; y que se paguen el cien por cien de las retribuciones en las bajas laborales. «Es imprescindible recuperar el empleo público perdido», decía Tudanca, quien acusaba a la Junta de haber aprovechado estos años para «privatizar» y advertía de que las consecuencias «del deterioro de los servicios públicos» las están pagando los ciudadanos.

Sin embargo, el PP no daba su brazo a torcer en la limitación de la cobertura de puestos de trabajo de libre designación, como planteaba Tudanca, quien apuntaba que solo en 2016 fueron 700. El popular Ángel Ibáñez explicaba el rechazo a este punto en que la Junta ya está trabajando en ello. El debate de esta PNL dejaba algunos cruces de declaraciones tras denunciar Tudanca la precariedad del empleado público y los recortes sufridos por este colectivo desde 2011. Podemos y PP se aliaban para recordarle al portavoz socialista que los recortes comenzaron con Zapatero en 2010, con el 5 por ciento de bajada salarial, y que él mismo votó a favor cuando era diputado.

La sesión plenaria arrancaba con una declaración institucional de apoyo al pueblo gitano por parte de todos los grupos parlamentarios y con el compromiso de estos de trabajar para erradicar los estereotipos y prejuicios que aún lastran a esta etnia en España, en general, y en Castilla y León, en particular, donde viven unos 25.000 gitanos.

Pero hubo momentos divertidos, como cuando el socialista José Francisco Martín calificaba de «tirachinas» a la Lanzadera Financiera al denunciar los «datos falsos» que aporta la Junta sobre ella.

Y también tensos, como en el debate sobre la petición de una ambulancia medicalizada de emergencias para el municipio palentino de Guardo, en la que Podemos, el grupo proponente, introducía cambios en su propuesta de resolución. Un hecho que provocaba las quejas del PP; que calificaba la situación de «surrealista», y advertía de que se abre una «puerta peligrosa».

Tras consultar al letrado, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, daba la razón a Podemos apelando al artículo 164.2 que permite fijar cambios en la propuesta de resolución. Finalmente, la PNL era rechazada, pero abría otro incidente cuando una mujer, integrante de una plataforma de apoyo a la Sanidad pública, afeaba desde la tribuna de invitados al procurador del PP, Juan Jesús Blanco, su defensa del voto en contra de su partido a la unidad medicalizada. Clemente instaba a la mujer a abandonar el hemiciclo y varios procuradores aprovechaban para hacer fotos con sus móviles. Por lo que se llevaban otra reprimenda de la presidenta.