Las Cortes protegerán a los funcionarios que denuncien los casos de corrupción

Proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción y malas prácticas en el seno de la Administración Pública. Éste es el objetivo de la Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León con los votos favorables del Partido Popular y de Ciudadanos.

Proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción y malas prácticas en el seno de la Administración Pública. Éste es el objetivo de la Ley aprobada por las Cortes de Castilla y León con los votos favorables del Partido Popular y de Ciudadanos.

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presentó el proyecto por el que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba el Ejecutivo autonómico sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración y se establecen las garantías de los informantes.

De Santiago-Juárez defendió esta norma por avanzar en cuestiones de regeneración democrática y transparencia, por servir como herramienta para la prevención y por ofrecer a los potenciales denunciantes unas «garantías» sobre su puesto de trabajo, por lo que ha rechazado las críticas de la oposición sobre la amenaza que supone para aquellos casos en los que no pudiera probarse la denuncia y existiera mala fe.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, se congratuló de haber podido sacar adelante esta ley, que tiene origen en una proposición no de ley de un «humilde grupo formado por cinco procuradores», porque si los «corruptos duermen un poco más nerviosos y los denunciantes más tranquilos», su grupo no se sentirá más importante, pero sí «más útil».

El procurador del PSOE Luis Briones alertó de que con esta norma se «corta las alas a las palomas mensajeras», en referencia a la «amenaza» que supone para los empleados públicos la posibilidad de ser sancionado por denunciar hechos que finalmente no pudieran demostrarse.

En la misma línea, la representante de Podemos Natalia del Barrio criticó que el fin de la norma es «vigilar y amedrentar a los funcionarios públicos, pues no se fían de ellos». Por otra parte, el Parlamento regional, con la abstención del PP y el voto favorable del resto de los grupos, aprobó que la Proposición de Ley de reforma de la Ley Electoral de Castilla y León, presentada por Ciudadanos, siga la tramitación ordinaria y se abra un diálogo para la posible revisión de una norma de 1987.

Además, las Cortes instaron, por unanimidad, a la Junta a que realice «esfuerzos» organizativos y estructurales en el programa de Garantía Juvenil para que ofrezca en cuatro meses formación y empleo de calidad.