Las Cortes urgen a los Gobiernos regional y central a avanzar en derechos e igualdad de las mujeres

Las Cortes aprobaron ayer por unanimidad de todos los grupos, una batería de medidas dirigidas a la Junta y al Gobierno contra la violencia de género -una lacra que ya se ha llevado la vida de 37 mujeres en España este año, seis de ellas en Castilla y León- y para avanzar en los derechos y la igualdad de las mujeres.

Las Cortes aprobaron ayer por unanimidad de todos los grupos, una batería de medidas dirigidas a la Junta y al Gobierno contra la violencia de género -una lacra que ya se ha llevado la vida de 37 mujeres en España este año, seis de ellas en Castilla y León- y para avanzar en los derechos y la igualdad de las mujeres. Entre ellas, la revisión del plan autonómico, un pacto de estado o la publicación de la lista de maltratadores, siempre que se reúnan los requisitos jurídicos.

Pese a que todos los grupos respaldaban la propuesta defendida por el PSOE, el texto se aprobaba después de que la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, llamara «machistas» a los populares. Calificativo que la parlamentaria del PP, Irene Cortés (PP) desechaba y pedía su retirada, al igual que el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes. Si bien la procuradora podemita no retiró su aseveración al ser preguntada por la presidenta de las Cortes.

La iniciativa aprobada plantea a la Junta que revise el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género, para su adaptación al nuevo marco europeo. También reclama planes de detección precoz, estrategias de prevención y programas específicos para jóvenes, así como crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos.

Y al Gobierno, que alcance un Pacto social, institucional y político contra la violencia de género, que dote de presupuesto las medidas y ponga en marcha el Acompañamiento Judicial Personalizado en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, publicar la lista de maltratadores con sentencia firme, o un Plan de protección a menores.