Los sindicatos agrarios alzan la voz frente a los cazaprimas que perjudican al campo

Los sindicatos agrarios insisten: el campo lo hace agricultores y ganaderos que dan vida a los pueblos y mantienen colegios y consultorios locales abiertos. Lo pusieron de manifiesto, una vez más, los responsables en Castilla y León de la Alianza UPA-COAG, Julio López (Unión de Pequeños Agricultores) y Aurelio Pérez (COAG). Dos dirigentes que fueron muy críticos con las consecuencias que tendrá el reparto de los fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que, a su entender, «consolida a los cazaprimas y agricultores de sofá e institucionaliza el modelo especulativo», lo que va en perjuicio del agricultor activo.

López lamentó que recibirán recursos comunitarios quienes justifiquen que el 20 por ciento de los ingresos totales de la explotación que tienen a su nombre proceden de la venta de productos, un porcentaje que, a su entender, queda muy lejos del 50 por ciento pretendido aquí. Un hecho, dijo, que implica que el 90 por ciento restante quedará cubierto por la subvención, lo que supone que «no se prima al agricultor, sino al especulador», porque «no es normal que haya quien cobra dos millones de euros en ayudas», secundó Pérez.

En este sentido, incidieron en que hay más de 6.000 perceptores de la PAC en Castilla y León que no producen pero sí cobran, una cifra que se suma a otra clarificadora: el 20 por ciento de los perceptores asume ocho de cada diez euros presupuestados en la PAC.

Julio López cargó contra el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, al que definió como «el mayor enemigo de los agricultores y ganaderos de Castilla y León», consideró que «las diferencias» que haya podido tener con la Junta, han derivado en «daño que se hace al campo de aquí», aludiendo a cuestiones como la norma del ibérico o esta reforma de la PAC que, insistió, «se ha hecho mal» y supone «una oportunidad perdida para haber cambiado la pirámide poblacional del campo», porque un 32 por ciento de los perceptores tienen más de 65 años y apenas un 10 por ciento es menor de 35 años. Aurelio Pérez señaló que el acuerdo sellado en la Conferencia Sectorial de esta semana «contenta a consejeros, pero perjudica a agricultores y ganaderos» y «mantiene el statu quo de los grandes señores, terratenientes y notables de la villa».

De igual manera, se refirió al sector de la remolacha, para el que se ha acordado 4,3 euros de ayuda por tonelada, que son muy inferiores a los 9,5 actuales, cuando en los últimos años la actividad económica ha caído a la mitad. «La diferencia, o se cubre con precio o lo que se está consiguiendo es dar la puntilla al sector, ya que es difícil que la industria lo aporte», sentenció Julio López, respaldando a su compañero. En lo que atañe al viñedo, Pérez consideró que «queda marginado de las ayudas de la PAC», mientras que en el lácteo, se fomenta la pérdida económica en las explotaciones que compraron cuotas de derechos de producción, dado que apenas se compensa el 24 por ciento de la inversión que realizaron.

Con respecto al Programa de Desarrollo Rural, señaló que «sólo sale beneficiado el Ministerio, que rebaja su aportación al 30 por ciento, mientras que el resto irá con cargo a la Junta. «¿Quién nos garantiza que la Junta aporte 765 de los 1.093 millones de euros previstos?», preguntó Aurelio Pérez.