Los trabajadores de Tragsa mantendrán sus movilizaciones por continuar el ERE

Los trabajadores de Tragsa mantendrán sus movilizaciones. Así lo han manifestado tras la decisión de la dirección de la empresa pública de mantener el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los términos actuales y que supondrá el despido de 1.336 trabajadores de su plantilla en todo el país, de los que 181 corresponden a Castilla y León. Hasta la fecha, ya se han ejecutado 600 despidos a nivel nacional y 59 en la Comunidad.

El presidente del comité de empresa de Tragsa en Castilla y León, Ángel Hernández Pinilla, destacó antes de la asamblea celebrada en el centro cívico Canterac de Valladolid y a la que asistieron más de medio millar de trabajadores, que la dirección de la empresa mantiene su postura sobre la aplicación del ERE y sigue sin querer ofrecer ninguna información sobre la situación económica con la que justificar el ERE. Hernández Pinilla, que calificó de frustrante el encuentro celebrado el miércoles en Madrid en el Servicio de Mediación y Arbitraje, aseguró que la empresa sigue incumpliendo la ley de transparencia y mantiene su negativa a facilitarnos cualquier tipo de información sobre la situación económica de la empresa.

Además, criticó que tampoco quieren informar del coste que tendrá «esta carnicería que nos presentan en forma de ERE» y aseveró que el «único objetivo de la empresa es desmontar una sociedad pública con 37 años de historia en beneficio de las empresas afines de sus amigos. Se están esforzando mucho para que demos pérdida y poder así justificar el ERE».

Al mismo tiempo, Hernández Pinilla acusó a la dirección de Tragsa de «jugar con el miedo de los trabajadores» afectados por el ERE, al ofrecerles contratos temporales a cambio de que no recurran a los tribunales.

Tragsa, empresa pública dependiente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), tiene a nivel nacional una plantilla de 3.800 trabajadores fijos, y unos 2.900 eventuales, de los que unos 1.300 corresponden a Castilla y León. La mayor parte de su actividad está vinculada con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (Magrama), y los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas.

Comisiones Obreras (CCOO) ha transmitido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) -adscrita al Ministerio de Hacienda y máxima accionista de la empresa con un 51por ciento del capital- que reduzca el bonus pagado a directivos y técnicos intermedios para evitar el despido de trabajadores.

Esta retribución tiene un coste anual de cerca de cuatro millones de euros, según detalló el sindicato. Los representantes de los trabajadores denuncian que la empresa ha seguido pagando esta retribución en los últimos años, a la vez que anunciaba un ERE. Y lo han hecho amparándose en la reforma laboral y en las pérdidas.