Castilla y León

Más medidas del Gobierno Herrera para adelgazar estructuras y reducir trámites

El objetivo, según declara el consejero José Antonio de Santiago Juárez, es «consolidar una administración muy ágil y útil, capaz de prestar un servicio eficiente y de calidad»

Juan Vicente Herrera y José Antonio de Santiago-Juárez dialogan en un Pleno de las Cortes. Al fondo la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo
Juan Vicente Herrera y José Antonio de Santiago-Juárez dialogan en un Pleno de las Cortes. Al fondo la consejera de Hacienda, Pilar del Olmolarazon

Lograr una administración ágil y útil. Que ofrezca el mejor servicio a los castellanos y leoneses. Y lo haga con inmediatez, sin tener que esperar a trámites interminables y más de una visita a distintos organismos. Ése es uno de los principales objetivos que implantará el Gobierno Herrera en Castilla y León gracias a la reforma de la administración en el que viene trabajando en los últimos meses la Junta y que desgranará este martes el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, en las Cortes regionales.

Entre las medidas que pretende llevar a cabo la Junta se encuentran evitar las duplicidades que se llevan a cabo en determinados departamentos, la simplificación de los procedimientos administrativos y, por supuesto, adelgazar aún más su estructura con el objeto de reducir el número de altos cargos y ahorrar costes.

«Estamos empeñados en dar un nuevo enfoque a la administración, haciéndola más ágil y transparente, para que pueda ofrecer unos servicios de calidad con un coste menor», señala De Santiago-Juárez en declaraciones a LA RAZÓN. El consejero recuerda que la Junta ya lleva dando pasos importantes en este sentido como la reducción de empresas y fundaciones existentes en la Comunidad que antes de que acabe el año, se reducirán a la mitad o el cierre de las oficinas de Castilla y León en el exterior para integrarse en embajadas españolas, iniciativa en la que la Comunidad ha sido pionera mientras que otras autonomías las siguen manteniendo.

En los próximos meses se va a comenzar a esbozar nuevas reestructuraciones en el sector público, mejoras organizativas en los centros de Salud y se trabajará en alcanzar acuerdos con la Administración del Estado para colaborar tanto en estructuras como en servicios ofrecidos, para evitar duplicidades y, de paso, que suponga un importante ahorro para las arcas de la Comunidad, como se comprometió el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en el último debate sobre el estado de la Comunidad el pasado mes de junio.

Aprovechar las tecnologías

También se trabajará en modernizar la administración, aprovechando las nuevas tecnologías (el pasado sábado la Consejería de Hacienda recibía un galardón internacional por el diseño e implantación de la nueva plataforma de contratación electrónica), o el apoyo a nuevos emprendedores.

Una de las cuestiones más espinosas es la reducción o, en su caso, desaparición de instituciones propias de Castilla y León como pueden ser el Procurador del Común o el Consejo de Cuenta, algo en lo que el consejero remarca que «estas entidades de carácter independiente mejoran la calidad democrática y el control sobre el Gobierno», aunque añade que al inicio de la presente legislatura la Junta aprobó una reducción de casi a la mitad de los consejeros políticos tanto del Consejo Consultivo como del Consejo de Cuentas y que recientemente se ha modificado su estructura para rebajar el número de altos cargos en ellos.

Con este proyecto de la reforma que llega a las Cortes, De Santiago-Juárez confía en tener el respaldo de la oposición para sacar adelante el proyecto con el consenso de todos los grupos.

37.700 millones de ahorro en España

La aplicación de las medidas de la Reforma de las Administraciones Públicas puesta en marcja este año por el Gobierno de Mariano Rajoy plantean ahorrar un total de 37.700 millones de euros durante los próximos dos años. Casi la mitad vendrán de manos de las comunidades autónomas en sus procesos de racionalización y de supresión de entes públicos. Entre las medidas adoptadas, mantener a cero la tasa de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral del funcionario.