Miles de jubilados malviven con poco más de 600 euros al mes y las cosas van a peor

Un futuro negro para los pensionistas de toda España. Y a corto plazo. Es lo que vislumbran varios colectivos de jubilados de Valladolid. Incluso van más allá, argumentando que la pobreza entre ellos está «creciendo a pasos agigantados».

Un futuro negro para los pensionistas de toda España. Y a corto plazo. Es lo que vislumbran varios colectivos de jubilados de Valladolid. Incluso van más allá, argumentando que la pobreza entre ellos está «creciendo a pasos agigantados». LA RAZÓN ha recogido el sentir de cuatro representantes de asociaciones vallisoletanas: Francisco Carracedo (UDP); Alberto Ariño (Asociación Conde Ansúrez): Jacinto Ainse (Asociación Nuestra Señora de los Olvidos); y Andrés Manso (Asociación Trabajadores Pasivos afiliados a UGT).

El pesimismo es la nota generalizada entre todos ellos. «El día a día de miles de personas es sobrevivir. Casi la mitad de ellos perviven con una pensión por debajo del umbral de la pobreza y llevamos varios años perdiendo poder adquisitivo. Es más, el 40 ó el 45 por ciento de los jubilados está colaborando en el mantenimiento de otras viviendas, de sus hijos y nietos...», rompe el fuego Francisco Carracedo.

«El poder adquisitivo que estamos perdiendo cada año que pasa es bastante. Además de tener poca pensión, vemos que el coste de vida se encarece y nos estamos quedando más pobres», añade Andrés Manso.

Uno de las zonas vallisoletanas en la que más se sufre esta situación es la del Barrio España, como confiesa Jacinto Ainse, que asegura que hay familias que tienen que «malvivir» con 600 euros al mes, y ven que este último año, les han subido la pensión «un mísero euro. ¡A ver qué hace la gente!», lamenta.

«Si la solución es trabajar hasta los 70 años para poder cubrir las pensiones, apañados vamos. Es un problema de tal magnitud donde el perjudicado es el de siempre, el españolito de a pie. El Gobierno está hundiendo las pensiones y no hacen nada por evitarlo», declara Alberto Ariño.

Los datos están sobre la mesa. La pensión media en Castilla y León es de 899,9 euros, quince por debajo de la media nacional, pero en provincias como Ávila o Zamora apenas alcanza los 800 euros. A fecha 1 de febrero de este año la cifra total de pensionistas en la Comunidad se sitúa en 606.422 personas, es decir, uno de cada cuatro castellanos y leoneses aproximadamente. Y es más, cada mes este número va aumentando por el evidente envejecimiento en la población de la Comunidad. Desde los sindicatos se viene alertando que el 40 por ciento del colectivo de la Región vive por debajo del umbral de la pobreza. «Ahora parece que los pensionistas somos una carga para la sociedad. Tenemos una pensión que nos la hemos ganado, dejando una cuota en la Seguridad Social por obligación y si lo hubiéramos hecho con un banco, lo mismo a día de hoy cobraríamos más», lamenta Carracedo, quien también alerta que cada vez más las asociaciones de mayores tienen que anular numerosas actividades, con un coste de apenas dos euros, como cursos e incluso viajes por que «hay mucha gente que no lo puede pagar».

«Hay que recuperar la calle», apuesta Andrés Manso, a lo que Francisco Carracedo apunta que «el problema es que los mayores apenas tenemos capcidad de reacción. Aguantamos lo que nos echen y los que mandan lo saben. No somos conscientes del gran poder que tenemos y tampoco nos organizamos como es debido.

¿Y existe solución para el futuro? Rotundamente no, responden rápidamente todos ellos. «No hay salarios dignos, seguimos con cuatro millones de parados. Y cada vez hay más ricos pero también más pobres», destaca Manso. «Hay que modificar el sistema con un criterio social y no capitalista. Y hay que hacerlo ya y con mucha sensibilidad porque si no nos vamos a ir a las pensiones privadas», añade Carracedo.

Y es que la vida se está convirtiendo en un «martirio» para los mayores de 65 años. A la cuota mensual que perciben cada mes, se unen gastos -como señalan los representantes de estas asociaciones-, como el pago de medicamentos o el tiempo que tienen que dedicar para arreglar documentos o ir de bancos, especialmente en localidades que ya han desparecido, con el coste que ello implica también. «Si en la capital el problema es grande, en los pueblos ni te cuento» finaliza Carracedo.