PP, PSOE y Grupo Mixto aparcan sus diferencias para evitar los desahucios

Más vale tarde que nunca, dice el sabio refranero popular. Y a la sexta, fue la vencida. Hasta seis debates han tenido que producirse en las Cortes regionales entre populares, socialistas y Grupo Mixto para que la cámara haya dado luz verde a un texto más o menos consensuado por todos ellos para hacer frente a los desahucios en Castilla y León. Quizás fuera por el clima político vivido ayer en el hemiciclo, más tranquilo, y en el que se aprobaron por unanimidad varias proposiciones. O quizás por la creciente presión social que demandaba un acuerdo político contra un problema que el pasado año dejó a 3.040 familias sin hogar en la Comunidad. Sea lo que fuere, el caso es que PP, PSOE y Grupo Mixto aparcaron sus diferencias para pactar un acuerdo social sustentado en la propuesta del PP, que incluyó también hasta tres medidas aportadas por la izquierda (dos de IU y una del PSOE) para evitar los desahucios en Castilla y León. De todas formas, no fue tampoco un camino fácil porque las tres propuestas se debatieron por separado y hubo momentos de tensión, con fuertes reproches y serias discrepancias entre la socialista Ana Redondo y el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), cuyos textos seguían el ejemplo andaluz de expropiación temporal de viviendas vacías, y los procuradores del PP, Daniel Sobrados y Mercedes Alzola, quienes, desde un principio rechazaron de forma contundente dicho modelo. El tono conciliador llegó con la propuesta popular que defendía en el atril Alfonso García Vicente. Ahí se acercaron posturas y se aprobaba una resolución que básicamente respalda las iniciativas tomadas ya por la Junta de Castilla y León a través del Servicio de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio para paliar los efectos de las ejecuciones hipotecarias. El texto definitivo incluye tres propuestas de la izquierda como es la colaboración entre la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, recogida del PSOE, que previsiblemente firmarán un convenio para ayudar a las personas afectadas por un desahucio y que estén en situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento. Pero también el fomento del alquiler social de viviendas vacías y de aquellas casas objeto de interlocución con las entidades financieras, como cauce para hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. Esta propuesta proviene de IU.

El texto aprobado insta a la Junta a movilizar todos sus recursos y aprovechar las herramientas pactadas para prestar cobertura a las familias afectadas por hipotecas; a priorizar las actuaciones negociadas sobre la deuda hipotecaria y proporcionar de forma inmediata asesoramiento en cuanto se apruebe la ley de protección de deudores hipotecarios; y a promover la adhesión de los municipios al fondo de viviendas de alquiler. Aún así, desde el PSOE, la procuradora Ana Redondo se mostraba partidaria de seguir negociando nuevas iniciativas, mientras José María González, de IU, calificaba de «parche» la propuesta pese a apoyarla, e insistía en que la solución pasa por la reforma de la Ley Hipotecaria.