Rosa Valdeón insta a Rajoy a buscar una solución para los empleados de Tragsa

Buscar una solución a la «preocupante» situación de los empleados de Tragsa encerrados, desde hace varios días, en la sede de la empresa en Valladolid. Eso es lo que le ha pedido la vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, a representantes de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La número 2 del Gobierno Herrera mostró el interés del Ejecutivo autonómico por el mantenimiento de los empleos. Por este motivo consideró necesario «retomar el diálogo, a la mayor brevedad posible, para encontrar soluciones que eviten el conflicto laboral y permita alternativas a los despidos».

Rosa Valdeón también valoró positivamente la actitud de los trabajadores, al desempeñar, durante todos estos años, «una actividad eficaz» que les ha permitido resolver «situaciones complejas de forma satisfactoria».

Asimismo, recordó que Castilla y León tiene una seria implicación en el desarrollo rural a través de todo tipo de actuaciones, obras y prestación de servicios en los sectores agrícola, ganadero y forestal que ha supuesto, durante el pasado año, un importe cercano a los 50 millones en trabajos desarrollados por Tragsa.

Por su parte, los trabajadores encerrados recibieron, en la jornada de ayer, el apoyo de los representantes autonómicos de Comisiones Obreras (CCOO). Tras mantener un encuentro con ellos, el secretario regional del sindicato, Ángel Hernández, avanzó que va a proponer a la Junta que aumente la carga de trabajo a cambio de que la compañía anule la aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que contempla 181 despidos, de los que 59 ya se han ejecutado.

En este sentido, se mostró convencido de que el Ejecutivo autonómico entenderá que los trabajos que realiza Tragsa son necesarios y resaltó que «no estamos ante ninguna sobrecarga presupuestaria para la Administración, dado que la partida del Plan del Empleo está ahí». A su vez, afirmó que con esta propuesta se solventará un problema de carácter social y laboral, pero también «evitaremos otra polémica entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España».

Al mismo tiempo, Ángel Hernández indicó que es necesario revisar los contratos del Ejecutivo regional a con Tragsa.