Silvia Clemente ultima la Ley Agraria que asegurará el futuro del campo

A lo largo de este mes de enero recién comenzado está previsto que la Junta de Castilla y León apruebe en Consejo de Gobierno el deseado y demandado proyecto de Ley Agraria, para que empiece a debatirse en las Cortes regionales a partir de febrero. Una norma, compromiso de legislatura del presidente Juan Vicente Herrera, que reestructurará toda la política agrícola y ganadera de nuestra Comunidad, incluidas las funciones que tendrán que desarrollar las cámaras y organizaciones agrarias, y que está llamada a asegurar el futuro del campo y a garantizar y dinamizar la actividad en el medio rural.

Objetivos: en primer lugar, establecer un marco básico de la actividad agroganadera en el que se reconozca dicha actividad como «el pilar fundamental» del desarrollo del medio rural de Castilla y León por su incidencia en la actividad económica, en la creación de empleo y en la correlativa fijación de población en dicho entorno. Y en segundo término, lograr unidades económicas agrarias rentables.

Impulsar la mejora y modernización de los procesos productivos de transformación y comercialización para facilitar la distribución justa y eficiente de costes y beneficios; incrementar la incorporación de la tecnología para encontrar nuevos mercados a las producciones tradicionales y lograr la integración con los mercados exteriores; y potenciar la figura del agricultor o del ganadero como emprendedor implicado en la transformación y comercialización de sus productos, son otros de los desafíos que persigue esta futura Ley Agraria. Una norma que, además, pretende convertir a las organizacioens profesionales agrarias en las necesarias herramientas que faciliten a los agricultores y ganaderos la oferta a las exigencias del mercado y puedan perfeccionar su organización de la producción, de la transformación e incluso de la comercialización de los productos agroalimentarios. La nueva norma abordará también la ejecución de infraestructuras de regadíos vinculadas al interés general cuando así lo soliciten los agricultores que estén explotando los terrenos afectados aunque no sean propietarios

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, destaca, en declaraciones recogidas por Ical, la necesidad de aprobar este proyecto de Ley para adaptarse a la realidad económica actual, en la que los recursos públicos son menores. La normativa reformulará el reparto de fondos con una única finalidad: optimizar estos recursos asegurando las medidas básicas que necesitan los agricultores y ganderos de esta Comunidad para que puedan continuar con su actividad.

Igualmente, su departamento mantendrá este año las actuaciones para la modernización de regadíos y otras para fomentar la incorporación de jóvenes al sector y para modernizar las explotaciones, con el fin de que sean más competitivas. Precisamente, Clemente recuerda que hasta el 15 de febrero próximo continuará abierta una línea de ayudas en esta materia, que se convocó el 13 de noviembre con una dotación presupuestaria de 30 millones.