Sólo 24 ayuntamientos de Castilla y León no presentan sus cuentas

La Razón
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La posibilidad de que los municipios de menos de 5.000 habitantes que no rindan cuentas al Ministerio de Hacienda durante tres meses consecutivos sean intervenidos de forma temporal por el Estado, según contempla el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado el Gobierno central, ha llevado a los ayuntamientos de Castilla y León a acelerar el cumplimiento de esta obligación y el pasado mes de mayo sólo había 24 entidades que no acataran esta obligación, poco más de un tercio de las contabilizadas en febrero, cuando eran 66.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de los 24 municipios regionales que tuvieron retenida su participación en los ingresos del Estado en los meses de marzo, abril y mayo por no presentar las liquidaciones de sus presupuestos, cinco eran de la provincia de Ávila, cuatro de Burgos, uno de León, uno de Palencia, ocho de Segovia, uno de Soria y cuatro de Zamora, mientras que no había en la lista ninguna localidad ni de Salamanca ni de Valladolid.

Se trata de los consistorios abulenses de Cabezas del Villar, Hoyos del Collado, Muñogrande, Santa Martín de la Vega del Alberche y Valdecasa; los burgaleses de Jaramillo Quemado, Jurisdicción de Lara, Navas de Bureba y Villamiel de la Sierra; el leonés de Valderas; el palentino de Lantadilla; los segovianos de Corral de Ayllón, Fuente el Olmo de Fuentidueña, Muñopedro, Pajarejos, Ribota, Sequera de Fresno, Turégano y Urueñas; el soriano de Serón de Nágima y los zamoranos de Entrala, Prado, Villabrázaro y Villar de Fallaves. Está previsto que el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local llegue al Congreso de los Diputados a mediados de julio para su debate y entré en vigor a finales de este año. Entre otros motivos de intervención por parte del Ministerio de Hacienda de los municipios, fija la retención durante tres meses consecutivos de su participación en los ingresos del Estado, lo que se hace a los ayuntamientos que no han acreditado sus cuentas, según establece la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. «Igual la amenaza de intervención sí ha sido un toque de atención, pero hemos puesto las cuentas al día porque es nuestra obligación y no por temor a la intervención», aseguró en declaraciones a Ical el regidor de Abejar (Soria), Antonio Romero (PSOE). «No estaba preocupado por ese tema, para nada», remarcó Romero, quien destacó que «los primeros perjudicados» si no cumplen esta norma son los propios ayuntamientos porque les «paralizan» los anticipos a cuenta que reciben mensualmente y eso puede provocarles «problemas de liquidez».