Unánime pacto en Castilla y León para pedir una suficiente y justa financiación

Todas las fuerzas políticas de Castilla y León alcanzaron un Pacto de Comunidad para exigir una justa, suficiente y revisable financiación conforme a las circunstancias y necesidades, siempre acorde con su perfil demográfico de superficie, dispersión, baja densidad o envejecimiento.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, suscribió un acuerdo con los portavoces de los Grupos de las Cortes regionales: PP, Carlos Fernández Carriedo; PSOE, Luis Tudanca; Podemos, Pablo Fernández; Ciudadanos, Luis Fuentes, y al que se adhieren los representantes del Mixto, José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL). Objetivo: determinar la posición de Comunidad que defenderá el Gobierno regional cuando se negocio el futuro modelo de financiación.

Herrera indicó que «hay que defender los intereses de los castellanos y leoneses para que el presupuesto regional cuente con los resultados suficientes, por encima de los intereses del partido».

Asimismo, afirmó que en este «convenio de mínimos», en el que no se fija ninguna cantidad, sino que se remarca la necesidad de una suficiencia e igualdad en la prestación de los servicios, que se revisará a lo largo del sistema, conforme a las circunstancias y necesidades, para que no ocurra como ahora, que la falta de evaluación, ha llevado a que todas las autonomías y partidos critiquen el actual sistema de 2009.

El Pacto de Comunidad se desarrolla en catorce puntos, que se inicia con la petición de la garantía de la de la prestación de niveles similares de los servicios públicos en todas las autonomías con independencia de su capacidad para generar ingresos propios y un sistema resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

También demanda que se potencie el principio de suficiencia que garantice que las autonomías tendrán recursos suficientes para financiar todos los servicios de su competencia tanto en el presente como en el futuro.

En cuarto lugar, se apuesta por un catálogo de servicios comunes a todas las comunidades con una dotación suficiente del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, en caso de que se mantenga este instrumento. Además, en el desarrollo de los principios de suficiencia estática -inicio del modelo- y estática -su evolución en el tiempo- se tendrán en cuenta las variables de Castilla y León de superficie, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población por encarecer la prestación de los servicios, como recoge el Estatuto de Autonomía, si bien su peso se determinará por el grupo de trabajo.

Apoyo a los dependientes

Como novedad, en el punto sexto, se recoge la evaluación diferencia de la aplicación de la ley de la Dependencia, en número de personas atendidas, con una cobertura suficiente para cumplir la norma.

Otros elementos del acuerdo son potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial, la corrección de déficit de financiación en los servicios que presenta el modelo vigente, la evaluación del comportamiento de los mecanismos de revisión anual y la incorporación de la cláusula tradicional de que ninguna comunidad empeora su posición por la reforma. También otorga relevancia al principio de lealtad institucional para que las decisiones del Estado no afecten a la capacidad financiera de las autonomías.