Ada Colau deja en manos de doce activistas la transparencia municipal

David Fernández,nuevo fichaje de BComú, y varios miembros de la acusación ciudadana del caso Bankia formarán parte del Consejo Asesor de la Oficina Antifraude del Ayuntamiento

Corría el mes de mayo cuando Ada Colau, entonces candidata de Barcelona en Comú a la alcaldía, prometió la creación de una oficina antifraude a las puertas del Palau de la Música, «máxima expresión» de la corrupción en la capital catalana.

La idea era que los ciudadanos y empleados municipales pudieran presentar de forma anónima información sobre actuaciones irregulares de la administración a través de un buzón. La función de esta oficina, formada por funcionarios, consistiría en realizar una «mínima investigación» para cotejar los hechos denunciados, comprobar si gozan de verosimilitud y denunciarlos a instancias como la Fiscalía o los Mossos si hay indicios delictivos.

Sin embargo, ningún grupo de la oposición apoyó la propuesta porque «ya existen órganos más que suficientes para detectar casos de corrupción en el consistorio», como la Oficina Antifrau que depende del Parlament y la Fiscalía Anticorrupción. A ellos hay que sumar, además, el Tribunal y la Sindicatura de Cuentas.

Seis meses después, Colau ha decidido cumplir su promesa electoral apesar de las advertencias. El teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, fue el encargado de presentar esta Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas para luchar contra la corrupción de trabajadores o cargos electos del consistorio y sus empresas. Dividida en tres áreas –control de gestión (auditorías), dirección de análisis y departamento de transparencia–, estará formada por un total de 56 funcionarios «que han recibido formación especializada y que han sido elegidos por su currículum impecable en conducta ética», según afirmó Asens. Estos trabajadores, encargados de investigar las denuncias recibidas, no tendrán dedicación exclusiva a esta suerte de oficina de asuntos internos pues no se les ha liberado del resto de sus funciones.

«Debemos desconfiar también de nosotros mismos. Si mi secretaria ve un comportamiento erróneo en mi actuación lo podrá denunciar», ejemplificó Asens, acompañado del gerente de Recursos, Joan Llinares, el jurista incorporado hace unos meses al gobierno de Barcelona en Comú conocido por su contribución a la investigación del caso Palau, que ha sido nombrado responsable de la Oficina.

Tanto Asens como Llinares admitieron que ya existen canales de alerta, como la figura de la Síndica de Greuges, y defendieron la necesidad de esta oficina como «estructura para analizar lo que detectan», sin detallar en qué se diferencia del resto de órganos competentes en esta materia.

Activistas «emocionados»

La nueva estructura contará igualmente con un consejo asesor. Sus miembros, vinculados a los círculos del activismo cercanos a BComú, asesorarán gratis al Consistorio en materia anticorrupción. Entre ellos la activista de XNet, Simona Levi, que explicó que se había sentido «emocionada» por el hecho de que una administración pública se adhiera a un sistema similar de filtraciones ciudadanas al que ella y Sergio Salgado habían impulsado para asuntos como el caso Bankia. Junto a ellos estará el ex diputado de la CUP, David Fernández y otros nueve consejeros más , que trasladarán al gobierno municipal su «experiencia» en la creación de buzones de denuncia.

La Oficina para la Transparenciano entrará en vigor rápidamente, sino que estará expuesto online durante 30 días para que cualquiera pueda contribuir con sugerencias. No obstante, ha sido el propioconsistorio y no consultorías externas las que han desarrollado la oficina.

LAS CLAVES

Revelaciones anónimas. Tanto los ciudadanos como los funcionarios municipales podrán denunciar de forma anónima a esta Oficina Antifraude actuaciones irregulares de los cargos electos del Consistorio, de sus trabajadores y empresas.

Doce asesores. Doce profesionales, procedentes de la sociedad civil conformarán el Consejo Asesor . Además de Fernández, lo integrarán otros representantes del Grupo ciudadano contra la Corrupción, como Simona Levi y Sergio Salgado

56 funcionarios. Este nuevo ente estará formado por 56 funcionarios «que han recibido formación especializada y que han sido elegidos por su currículum impecable en conducta ética»

Sin dedicación exclusiva. Son funcionarios que ya estaban en plantilla y han readaptado sus funciones.