Aguas de Barcelona destina dos millones a pagar la factura a más de 12.400 familias

El Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), organismo participado por la Generalitat de Cataluña, ha publicado un informe en el que valora muy positivamente el diseño y la implementación del Fondo de Solidaridad, creado por Aigües de Barcelona en 2012 para ayudar a las familias con problemas económicos a hacer frente a los gastos derivados del consumo del agua.

El informe se presentó en un acto celebrado ayer durante el mediodía por la Fundación Agbar en el Ágora Agbar de Cornellà de Llobregat, que contó con las intervenciones de Ignacio Escudero, director general de Aigües de Barcelona; Frederic Udina, presidente de Ivàlua; y David Casado y Federico Todeschini, autores del informe de Ivàlua sobre el Fondo de Solidaridad.

El Fondo de Solidaridad ha destinado en lo que va de año cerca de dos millones de euros a pagar el servicio de agua de más de 12.400 familias de todo el área metropolitana. Desde que se creó en 2012, Aigües de Barcelona ha concedido más de 54.000 ayudas, a las que ha destinado más de tres millones de euros. El Fondo se ha implementado en los 24 municipios del área Metropolitana de Barcelona en los que la empresa presta el servicio de subministro de agua.

En el caso de L’Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña en habitantes, Aigües de Barcelona se ha hecho cargo desde 2013 de facturas de familias del municipio por un importe de 540.000 euros y atendiendo a 2.100 familias, siempre bajo criterio de los servicios sociales municipales.

El informe elaborado por Ivàlua destaca también la «relación de máxima confianza» entre Aigües de Barcelona y los ayuntamientos y entidades del tercer sector (concretamente, las entidades de Cruz Roja de Cataluña, Cáritas Diocesana, Fundación Hàbitat3, Fundación la Esperanza y Fundación Mambré), a través de las cuales se vehicula la concesión de la ayudas a todas aquellas familias beneficiarias.

El informe de Ivàlua incluye, asimismo, una encuesta a beneficiarios del Fondo, de la que se desprende que en un 60 por ciento de los casos los titulares del contrato de suministro son mujeres, en su mayoría menores de 65 años. El 73 por ciento son de nacionalidad española, más de la mitad conviven con una pareja o están casados y un 74 por ciento no tiene estudios postobligatorios. Además, más de la mitad está en el paro, mientras que un 16 por ciento de los titulares son pensionistas.