Aprobada entre críticas la ley de emergencia de la vivienda

La normativa prevé la expropiación temporal de pisos a bancos y negociar los desahucios.

El Parlament aprobó ayer la Ley de emergencia de vivienda, que prevé la expropiación temporal de los pisos a los bancos, negociar la paralización de desahucios, abre la puerta a regular «alquileres abusivos», y crea una comisión para coordinar las actuaciones de las diferentes administraciones. No obstante, hubo opiniones contrarias a este proyecto.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que fue la fundadora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), consideró «insuficiente» esta ley, y urgió a frenar los precios de los alquileres «abusivos, y de manera urgente».

Desde la misma PAH, su portavoz, Carlos Macías, advirtió que esta nueva ley de vivienda será un «fracaso» y «no dará las soluciones que se necesitan», al prever mecanismos «de carácter voluntario, caros, farragosos y lentos». A su juicio, lo aprobado ayer está «muy lejos» de lo anterior, que «se demostró efectiva durante nueve meses, parando desahucios, obligando a realojar a familias que iban a ser desahuciadas».

El hemiciclo aprobó por unanimidad la mayor parte de esta nueva normativa, que sustituye los artículos de la anterior ley de emergencia habitacional 24/2015, suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC), si bien el PP y Ciutadans se abstuvieron o votaron en contra en algunos artículos muy concretos.

En el caso de los desahucios, la ley contempla que los bancos tengan la obligación de realojamiento de las personas en riesgo de exclusión social por pérdida de vivienda y fija un sistema transitorio para que, por un período de tres años ampliables a otros tres, las entidades financieras ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que estén a punto de ser desahuciadas.

En esta medida, y para evitar que la nueva ley sea recurrida ante el Constitucional, el texto actual no contempla, como sí hacía el anterior, la obligación a los bancos de ofrecer un alquiler social de forma indefinida, que fue reducido a tres años. Además, la ley abre la puerta a la regulación de los alquileres abusivos en el plazo máximo de nueve meses.