Calvo anuncia que impugnarán ya la resolución del Parlament sobre la sentencia del “procés”

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, mantiene un contacto fluido con su homólogo en la Generalitat, Pere Aragonés.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, mantiene un contacto fluido con su homólogo en la Generalitat, Pere Aragonés. En los mensajes que intercambian a diario, Calvo suele “advertirle” sobre situaciones que “bordean” la legalidad. “Muchas veces en el Parlament se dicen cosas que son inaceptables políticamente pero que se ubican en ese plano político. Yo le advierto cuando se van a adentrar en una línea en la que el Gobierno va a actuar”, ha reconocido hoy en una entrevista en “Más de Uno” en Onda Cero.

En concreto, la vicepresidenta ha puesto el foco en la resolución sobre la autodeterminación que se va a debatir el próximo 12 de noviembre y que “bordea elementos que no me gustan nada y él lo sabe” y en la que ya se ha debatido discrepando de la resolución del Tribunal Supremo sobre el “procés”. En este caso, Calvo ha anunciado que “vamos a impugnarla ya” ante el Tribunal Constitucional, porque aunque sea un planteamiento político, “no es de recibo que en un parlamento autonómico se abra una crítica a una sentencia y un magistrado del Supremo”. La vicepresidenta ha defendido que estos incidentes de ejecución, que utilizan constantemente, son útiles porque el Constitucional ya ha apercibido al Govern y la Mesa del Parlament de que “lo siguiente será el Código Penal”.

Sobre la entrega de Carles Puigdemont, Calvo ha advertido de que “tomarán medidas” en caso de que no sea extraditado a España. “Desde el Gobierno no entenderíamos que el Estado belga no entregara a quienes están huidos de la justicia”, ha dicho la vicepresidenta, un acto que entenderían como “negar la plenitud de la democracia española”. El Ejecutivo valoró en su día la reactivación de la euroorden como “correctísima y justa” y se deslizó que la propia Calvo había puesto a disposición del juez Llarena todos los mecanismos que pudiera necesitar, incluida la Abogacía del Estado, para ponerla en marcha. Considera el Gobierno que debe primar el principio de igualdad para que Puigdemont sea juzgado por los delitos por los que ya han sido condenados el resto de líderes del “procés”.