Cataluña se blinda ante la reforma local del Estado

El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes un decreto ley que permite a los ayuntamientos no tener que aplicar la reforma de la administración local promovida desde el Gobierno central.

A la espera de que el Parlamento regional apruebe la ley de gobiernos locales --en trámite--, la Generalitat ha impulsado un decreto ley que otorga "instrumentos jurídicos"a los ayuntamientos ante la reforma estatal, ha detallado este martes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs.

Ha calificado la reforma local del Estado de "disparate"y ha asegurado que lo único que hace la Generalitat es actuar conforme a las competencias exclusivas en régimen local que le otorga el Estatut.

Esta norma, hecha con el consenso de las dos entidades municipalistas --Federació Catalana de Municipis (FMC) y Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM)--, pretende dar una respuesta que unifique criterios, evite interpretaciones contradictorias y ofrezca garantías del mantenimiento de la autonomía local.

Con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) impulsada por el Gobierno, Homs ha dicho que el Estado "ha roto los principios de subsidariedad, proximidad y colaboración administrativa".

En cambio, con el decreto ley aprobado ahora, "la administración local puede tener la cobertura legal para seguir prestando los servicios que presta"y que en Cataluña la LRSAL no les afecte, ha añadido.

QUE SIGAN PRESTANDO SERVICIOS

Homs considera básico que los ayuntamientos no dejen de prestar servicios, ya que ahora el Gobierno catalán no puede asumir nuevos servicios ante la situación financiera de la Generalitat, "que está supeditada al cumplimiento de los objetivos de déficit".

El decreto concreta que en Cataluña los entes locales están regulados por una legislación propia y específica, que la Generalitat tiene plenas competencias en este ámbito y que el Gobierno de Cataluña puede delegar el ejercicio de competencias, siempre para mejorar la atención al ciudadano y simplificar las estructuras administrativas.

El texto recalca que los entes locales pueden asumir competencias distintas a las propias y las atribuidas por delegación, siempre que se pretenda satisfacer una necesidad vecinal, no se dupliquen competencias y el ayuntamiento en cuestión tenga suficiencia financiera para hacerlo.