Cervantes protagoniza la última discusión parlamentaria entre Govern y oposición

La consellera Borràs y la diputada de Cs Sonia Sierra se enzarzan a propósito del famoso hidalgo.

Después de que Societat Civil Catalana no pudiera homenajear a Cervantes en la universidad por un boicot independentista, la asociación decidió llevar sus reivindicaciones al Parlament. Esta circunstancia acabó convirtiéndose en una nueva polémica entre el Govern y la oposición. En concreto, la consellera de Cultura, Laura Borràs, mantuvo una disputa con la diputada de Cs Sonia Sierra después de que ésta acusara a la consellera de «supremacista» por firmar hace tiempo un manifiesto del grupo Koiné sobre el catalán.

Durante su intervención en el pleno en una interpelación sobre conciliación laboral, Sierra criticó que en la sesión matinal la consellera había dado a entender que los diputados de su grupo, por el hecho de ser de Cs, no han leído el Quijote. «Los supremacistas identitarios odian la cultura. Los totalistaristas odian la cultura», dijo, porque considera que Borràs no ha condenado la manifestación que se hizo contra un acto sobre Cervantes.

Tras la interpelación de Sierra, la consellera pidió la palabra para recordarle la definición de supremacismo, que hace referencia a las corrientes de ultraderecha vinculadas al racismo que abogan por la dominación del hombre blanco y por la separación de etnias. «Ahora que saben lo que quiere decir, creo que retrata bien a quien la utiliza», y tildó de grave que utilicen este tipo de términos en el Parlament para dirigirse a miembros del Govern o del hemicilo.

Sierra le replicó que entender que no se ha leído el Quijote por pertenecer a un determinado grupo parlamentario «es supremacista», y apoyó su argumento en la firma del documento del grupo Koiné. En concreto se refirió al párrafo del manifiesto que hablaba de la dominación política lingüística como mecanismo para implantar el castellano en Catalunya desde que el bando franquista se impuso en la Guerra Civil y que habla de que el dictador Franco utilizó mecanismos durante dos décadas para imponer el castellano.

Entre esos mecanismos, el manifiesto de Koiné que firmó la consellera señalaba la «utilización de una inmigración llegada de territorios castellanohablantes como instrumento involuntario de colonización lingüística». «Si esto no es supremacismo, ya me explicarán qué es», señaló Sierra, y explicó que tanto sus padres como los de Arrimadas son parte de esa inmigración.