Colau ofrece diálogo a una oposición cada vez más distanciada

A pocos meses de cumplir dos años en el cargo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se enfrentaba ayer a un pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad y, de paso, a un examen sobre su obra de gobierno.

A pocos meses de cumplir dos años en el cargo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se enfrentaba ayer a un pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad y, de paso, a un examen sobre su obra de gobierno. Lo cierto es que aquella activista que llegaba a la alcaldía cargada de eslóganes y con un órdago a casi toda la gestión municipal llevada a cabo hasta la fecha queda cada vez menos. Colau adoptaba en su partido a Iniciativa y poco después formaba gobierno con el PSC. Sus intenciones iniciales de escorar el Ayuntamiento hacia la izquierda topaban con el radicalismo de la CUP y con una ERC supeditada a la Generalitat. La realidad es tozuda y la alcaldesa no tenía más remedio que ampliar sus miras y entregarse a la geometría variable. Así, sin ir más lejos, consiguió aprobar la nueva moratoria turística, el Peuat, a su izquierda, y su plan vivienda, a su derecha, con CiU y C’s. Ayer, Colau fue más allá y pidió colaboración al resto de formaciones para desatascar proyectos con el Gobierno y la Generalitat. Más geometría variable.

No obstante, los plenos sobre el estado de la ciudad distan mucho de ser el mejor escenario para llegar a acuerdos. Más bien todo lo contrario. Al fin y al cabo, se trataba del primer pleno de estas características del gobierno de Colau y Jaume Collboni. La lluvia de reproches no se hizo esperar. La alcaldesa, sin embargo, Colau pidió al grupo municipal del PP y también a C’s que colaboren para que el Gobierno se implique en cuestiones como modificar la legislación para poder regular el precio del alquiler en la capital catalana, más financiación del sistema de transporte público e impulsar las obras de La Sagrera para combatir la contaminación. Mientras, al Grupo Demócrata -que estrena nombre cambiando el de CiU- y a ERC que transmitan a la Generalitat necesidades de la ciudad como gestionar el 100% de la tasa turística y que la futura ley de Comercio defienda un modelo de proximidad. La alcaldesa insistía en pedir al resto de grupos encontrar «puntos en común más allá de las diferencias» para cerrar acuerdos como la ordenanza de terrazas o la conexión del tranvía. La oposición le respondió con una ristra de críticas a la gestión municipal con la vivienda como tema coincidente.

El portavoz de los nuevos Demócratas (antigua CiU), Joaquim Forn, aseguró que la alcaldesa ha sido «una broma para los ricos, una pesadilla para las clases medias y un castigo para los más desfavorecidos». Exigió a Colau más implicación con el proceso soberanista y la defensa del referéndum. Alberto Fernández (PP), por su parte, denunció la «parálisis» de la ciudad y la atribuyó a un ejecutivo que «gesticula para no gobernar». Además, Fernández criticó a Colau por sacar rédito político del dolor ajeno en temas como los desahucios, la pobreza energética y los refugiados. También le reclamó que «hable menos y haga más», y que concrete cuál es la capacidad de acogida de Barcelona en relación al trabajo, la vivienda y la educación.

Desde C’s, Carina Mejías criticó «la arrogancia» del gobierno municipal, a quien cree que «le sobra ideología y le falta gestión». Mejías, pese a la dureza del discurso, dejó una puerta abierta al gobierno. El presidente del ERC, Alfred Bosch, comentó que le preocupa la «dualidad» del gobierno, a quien recordó que tiene toda la oposición en contra. «Quizá son ustedes los que van en dirección contraria», espetó Bosch, que se erigió como «la alternativa». Desde la CUP, María José Lecha ironizó que «la propaganda es la gran acción de gobierno» y acusó al Ejecutivo de «frustrar» las expectativas de cambio para volver a «la vieja política del PSC e ICV».

El teniente de alcalde Jaume Collboni, salió al paso de las críticas y subrayó que el gobierno municipal pretende garantizar los derechos sociales con políticas energéticas, de vivienda, transporte público y cultura, y también generar oportunidades para construir un «modelo competitivo, justo y sostenible».

El informe de la síndica

El pleno extraordinario también sirvió para que la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentara su informe anual y sacara, en parte, los colores a la alcaldesa. La Síndica denunció que, pese a la reducción de las reclamaciones, el Ayuntamiento dilata demasiado las respuestas cuando lo ideal sería un máximo de 30 días. No obstante, a finales del año pasado todavía quedaban 200 expedientes sin resolver. La Síndica explicó que de las 448 resoluciones cerradas el año anterior, en un 63 por ciento se dio la razón a la ciudadanía porque algún derecho de la persona reclamante no había sido bastante respetado por los servicios municipales y se proponía la revisión del caso. Por ello, Alberto Fernández señaló que el informe «demuestra que el gobierno ha agravado los problemas de ciudad y no ha solucionado nada», mientras que Jordi Martí (Grupo Demócrata) lamentó que el turismo «no sólo sigue generando quejas, sino que éstas aumentan», en alusión a las 128 quejas sobre turismo, más que en 2015. Uno de los aspectos más conflictivos del 2016 fue la campaña emprendida por el Ayuntamiento para que los vecinos denunciaran pisos turísticos ilegales. En este sentido, Alfred Bosch (ERC) ha pedido al gobierno municipal «más elegancia y delicadeza» cuando pida la colaboración ciudadana y Marilén Barceló (Ciudadanos) le ha exigió que «no eluda responsabilidades cuando la campaña –sobre turismo–ha producido nerviosismo».

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que el principal objetivo del Ejecutivo municipal es lograr una buena redistribución del dinamismo económico de la ciudad, y aseguró que muchas de las medidas que ha reclamado la Síndica ya se están impulsando, como incrementar el gasto social y mejorar los servicios, y Colau ha destacado la importancia de su tarea.