Daniel Fernández admite ante el juez que recomendó colocar a un cargo

El diputado y ex secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, declaró ayer ante el juez por su implicación en el caso Mercurio y aseguró que «no he cometido ningún delito», sino que «me limité a dar mi opinión a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez (PSC), pensando que Carmina Llumà era un cargo de confianza». Estaba en juego el puesto de arquitecta municipal de esta localidad, debido a que el Consistorio quería renovar la plaza.

Fernández, que goza de la condición de aforado al ser diputado, está acusado de un delito de tráfico de influencias, por supuestamente presionar a Pérez para que colocara a dedo a la arquitecta en un cargo por el que se había celebrado un concurso público en el que había otra candidata.

Tras declarar ante el juez Joan Manuel Abril, Fernández dijo que «confía en la Justicia» y que se limitó a contestar a las preguntas relacionadas con el concurso de Montcada. Según el socialista, la alcaldesa le aseguró que existía algún tipo de problema urbanístico en el municipio, y que creía que Llumà era la persona adecuada para solucionarlo.

Fernández afirmó que su opinión coincidía con la de Pérez. «La alcaldesa y yo coincidíamos en que el currículum de Llumà era el idóneo», manifestó.

«Cargo de confianza»

El diputado socialista aseguró desconocer que existía la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de este cargo, e hizo evidente su defensa asegurando que «estaba convencido» de que se le consultaba para un cargo de confianza.

Sobre las polémicas conversaciones telefónicas mantenidas con el ex alcalde de Sabadell, el también socialista Manuel Bustos, en relación al nombramiento de la arquitecta, Fernández reiteró que «se tienen que entender en su contexto, en su tono», aunque en ningún momento desmintió que no fueran ciertas. Hasta tres veces dijo que las charlas telefónicas «se tenían que entender en su contexto».

En estas conversaciones que tuvieron Fernández y Bustos parece evidente que ambos presionaron a Pérez para que aceptara a Llumà como cargo municipal. Concretamente, comentaron que en el examen previo al concurso público, se tenía que cambiar la calificación para Llumà de «no apta» a «apta».

Cuestionado por este punto tras su comparecencia ante el juez, Fernández echó pelotas fuera y volvió a decir que «todo se tenía que entender en su contexto».

Además de Fernández, están imputados por tráfico de influencias Manuel Bustos y su hermano, Francisco Bustos. No obstante, la Fiscalía estudia la posibilidad de pedir al juez que se atribuya a los imputados prevaricación y falsedad documental.

El ex alcalde de Sabadell aseguró ayer ante el juez que no presionó a Pérez para que fichara a Llumà, ya que, según dijo, «ni intervino ni propuso su nombramiento». Recordó que la alcaldesa de Montcada sostuvo ante el juez que Llumà era su candidata «preferida» y que no recibió presiones para contratarla, por lo que, agregó, su papel se limitó a «compartir la preocupación» de Pérez ante las dificultades que había para que Llumà superara la criba, ya que en un primer momento una empresa de selección de personal la había calificado como «no apta». Sobre las citadas conversaciontes telefónicas mantenidas con Fernández, Bustos dijo que «por teléfono las charlas son sólo para hablar».