Declaración institucional del president Puigdemont

Este mes de junio, el día 27, hará exactamente siete años de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Catalunya. Para llegar a aprobarlo, seguimos un largo itinerario. ¿Hubo diálogo con el Gobierno del Estado? Sí, mucho. ¿Hubo pacto con casi todas las instituciones constitucionales? Sí, desde el Parlamento hasta el Congreso y el Senado, todo con una anchísima mayoría. Hubo, también, un referéndum acordado. ¿Sirvió para encontrar soluciones? No, al contrario: una única institución constitucional, fuertemente politizada, con miembros caducados y comprometidos con el partido político que hoy gobierna el Estado, fue suficiente para acabar con el diálogo, el pacto y el acuerdo. Aquel Tribunal hoy no es mejor: hoy, gracias a un mecanismo de lectura única y urgente, aquel Tribunal puede suspender cargos electos de manera fulminante, sin juicio. Ni los fundamentados votos particulares de algunos miembros del Tribunal ni tampoco la dura advertencia de la Comisión de Venecia contra esta reforma expresa, por la vía de urgencia y por lectura única de una ley orgánica, han hecho rectificar al Gobierno español.

Cuando nos han pedido qué queríamos los catalanes, hemos presentado propuestas. Todo tipo de propuestas. Todas, sin excepción, han sido rechazadas o seriamente recortadas.

Venimos, pues, de una larga y decepcionante colección de “No” por parte del Gobierno español y de las Cortes generales a todas las propuestas que les han sido dirigidas para resolver de manera acordada y dialogada el conflicto político que existe entre Catalunya y el Estado español.

Lo único que no ha sido nunca votado en el Congreso ha sido la propuesta del Gobierno español para Catalunya. Quizás es que no hay ninguna, ni se la espera.

Tenemos que recordar todo esto, sobre todo porque tomen nota todos aquellos quienes a partir de ahora tendrán que dedicarse a explicar por qué hemos llegado hasta aquí.

Hoy sabemos con más nitidez que no es cuestión de marcos legales. Lo sabe todo el mundo, que el marco legal no impedía atender la demanda catalana. Hoy todo el mundo sabe cuál es el problema real, porque lo ha oído del mismo presidente del Gobierno español: “no quiero”.

Con un “no quiero” es mejor no ir al altar. Y no es una negación individual: es la de todo un sistema político (y seguramente también social, mediático y económico) que, cuarenta años después del regreso del president Tarradellas del exilio francés, ha sido incapaz de demostrar ninguna voluntad de participar de la solución a un problema real, profundo.

El día 28 de septiembre del año pasado, al someterme a la cuestión de confianza ante el Parlament de Catalunya, dije el siguiente, apelando al sistema político español de emprender una negociación seria y leal:

“La resolución de la demanda catalana se hará, por lo tanto, de este modo: o referéndum, o referéndum. Perseguiremos el acuerdo hasta el último día, trabajaremos con la voluntad de hacer un referéndum acordable con el Estado en todo momento, pero si llegamos al final de la legislatura y no ha habido ninguna respuesta positiva en este sentido, estaremos preparados y a punto para subir el último escalón antes de proclamar de manera efectiva la independencia de Catalunya y, a lo sumo, convocaremos un referéndum para la segunda quincena de septiembre del año que viene”.

Hemos perseguido el acuerdo, de manera reiterada. Hemos participado activamente en el Pacto Nacional por el Referéndum. Hemos dirigido propuestas para acordar una negociación. Hemos adoptado resoluciones parlamentarias y un acuerdo de gobierno emplazando el Gobierno español a dialogar y negociar. Hemos hecho llegar de manera directa al Gobierno español nuestra firme voluntad de sentar a negociar la solución. Lo hemos explicado en todo el mundo, en Londres, Bruselas, París, Boston, Washington, Nueva York, Madrid.

Pero estamos llegando al final de la legislatura y no hemos tenido ninguna respuesta positiva, de forma que en cumplimiento de aquel compromiso democrático y solemne, hoy hemos celebrado un Consejo Ejecutivo extraordinario para ratificar conjuntamente con el vicepresident y los consellers y conselleras la voluntad de convocar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria como Catalunya, a un referéndum que se celebrará el domingo día 1 de octubre de este año, con la pregunta “Queréis que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?” Esta pregunta estará formulada en los tres idiomas oficiales que hay en el Principado de Catalunya: el catalán, el castellano, y también el aranés en la Valle de Aran. Y la respuesta que den nuestros conciudadanos, en forma de “sí” o de “no”, será un mandato que este Govern se compromete a aplicar.

Les toca a las catalanas y a los catalanes decidir su futuro. Está en sus manos y en las de todos nosotros hacerlo posible, demostrar que la democracia nos une por encima de las legítimas y saludables discrepancias que caracterizan toda sociedad madura y convivencial, que sabe tomar las decisiones por ella misma y que sabe respetar todas las opciones de respuesta a la pregunta formulada, todas exactamente igual de legítimas y válidas.

El Govern se conjura a ofrecer todas las garantías y a velar por la rectitud del proceso de convocatoria, organización y celebración del referéndum, y hace un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas a asumir colectivamente, con la máxima dignidad y exigencia, el ejercicio de un derecho inalienable sobre el cual descansa el edificio de la democracia: el derecho de las personas a decidir libremente el futuro de su país.

Visca Catalunya.

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya