Dos ex fiscales jefes de Cataluña no se opusieron a la celebración de «consultas»

Una fiscal considerada «progresista» y otro «conservador», que llegaron a lo más alto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña apoyaron en su día la celebración de «consultas» en esa comunidad autónoma, y que, en buena medida, estaban relacionadas con la decisión sobre el «futuro político» de la misma. El más reciente fue Martín Rodríguez Sol, antecesor del actual fiscal Superior de Cataluña. Rodríguez Sol, quien llegó a ser portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, fue expedientado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras realizar unas manifestaciones en las que, en una entrevista, consideró legítimo que Cataluña aspirase a celebrar una consulta, aunque, eso sí, siempre y cuando las preguntas respetasen la legalidad vigente.

Fruto de ese expediente, RodrÍguez Sol presentó su dimisión el mismo día que estaba citado a declarar en la fiscalía general por el expediente abierto. El motivo esgrimido fue la perdida de confianza. Torres-Dulce aceptó su renuncia en el acto.

Tras la polémica suscitada por sus manifestaciones, el ex fiscal Superior hizo público un comunicado en el que negaba que apoyase de forma «directa o indirecta» un proyecto secesionista en Cataluña; y que, en todo caso, una Ley de Consultas aprobada por el Parlament «permitiría preguntar al pueblo de Catalunya sobre cuestiones distintas que afecten a sus intereses, pero sin que se pueda utilizar para soslayar las leyes vigentes».

Su antecesora en el cargo fue Teresa Compte, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, quien cesó como fiscal jefe de Cataluña en julio de 2012, tras vencer el mandato de cinco años para la que fue nombrada y no optar a su renovación. En septiembre de 2009, la localidad barcelonesa de Areyns de Munt celebró una consulta independentista no vinculante, que fue pionera en Cataluña, lo que desencadenó en una oleada de votaciones en otros municipios que culminó el 10 de abril de 2011 en Barcelona.

Antes de esa consulta, Teresa Compte dictó una instrucción en la que ordenaba a todos los fiscales de Cataluña que no persiguiesen las consultas populares organizadas por asociaciones privadas, sin el apoyo de administraciones públicas.

Además, se especifica que, si la convocatoria y celebración de las consultas eran pacíficas, los fiscales se deberían abstener de incoar diligencias penales, o, en su caso, pedirían su sobreseimiento tanto para los organizadores como para los participantes si algún juzgado abriese una causa.

Hoy, nueva reunión

Tanto Teresa Compte como Martín Rodríguez Sol forman parte de la Junta de fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual volverá hoy a reunirse para tratar de llegar a un acuerdo sobre si hay base legal para interponer una querella contra Artur Mas u algunos de sus consejeros por la celebración de la consulta del pasado 9-N.

Y es que, las posturas no son nada unánimes. Hay fiscales que entienden que hay argumentos para emprender esa acción penal por un delito de desobediencia, y otros que, por el contrario, sostienen todo lo contrario.

En este sentido, los que se oponen esgrimen que el Tribunal Constitucional suspendió los preparativos del 9-N alternativo, pero no advirtió de las responsabilidades que se derivarían de hacer caso omiso a esa orden.

Por el contrario, los que defienden indicios de un posible delito de desobediencia aducen que la resolución del Alto Tribunal que suspendió las actuaciones de preparación de la consulta es motivo suficiente que justifica la interposición de la querella.

En un principio, la Fiscalía General del Estado abogaba por la presentación de una querella no sólo por desobediencia, sino también por prevaricación. Sin embargo, esa postura chocó frontalmente con buena parte de los fiscales catalanes.