Dos jefes de los Black Panthers aceptan penas de hasta ocho años de cárcel

Dos cabecillas de una facción de los Black Panthers que afrontaban más de veinte años de cárcel han aceptado penas de siete y ocho años, respectivamente, por liderar una organización dedicada al tráfico de drogas afincada en Barcelona y en la población vecina de L’Hospitalet de Llobregat.

Dos cabecillas de una facción de los Black Panthers que afrontaban más de veinte años de cárcel han aceptado hoy penas de siete y ocho años, respectivamente, por liderar una organización dedicada al tráfico de drogas afincada en Barcelona y en la población vecina de L’Hospitalet de Llobregat, informa EFE.

En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado hoy el macrojuicio contra 22 integrantes de la banda, acusados de lucrarse con el tráfico de hachís y marihuana y de amenazar y coaccionar a dos miembros de la organización que intentaron abandonarla.

La Fiscalía pedía inicialmente penas de hasta 24 años y medio de cárcel para los acusados, principalmente los cabecillas de la organización, pero tras horas de negociación con las defensas ha aceptado rebajar sustancialmente la condena, aplicando las atenuantes de drogadicción y confesión a los imputados.

Para lograr el pacto, el ministerio público ha retirado, además, el delito de conspiración para la comisión de delito de homicidio que imputaba a algunos de los acusados por haber planeado matar a un miembro de la banda que la abandonó y ha rebajado los hechos a amenazas y coacciones.

Ello ha hecho posible una sentencia de conformidad, en la que los dos líderes de los Black Panthers, Fernando Arturo Cuello y Ezequiel Emilio Sánchez, han admitido los hechos de los que se les acusan y han aceptado penas de ocho y siete años de prisión, respectivamente.

Otros acusados a los que el fiscal considera colaboradores de la banda han acordado con el ministerio público una condena de cuatro años y medio de cárcel, mientras que los que tenían una participación menor se han conformado con penas de dos años de cárcel.

A dos de esos acusados, que llevaban en prisión preventiva más de veinte meses, la sala ha acordado dejarlos en libertad, por haber cumplido ya entre rejas casi la totalidad de la condena acordada hoy.

Los acusados formaban parte de una facción de los Black Panthers, banda nacida en los años setenta en Estados Unidos, que entre los años 2002 y 2005 empezó a implantarse en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat mediante la formación de ‘Bloques’ de varias personas.

Entre los años 2012 y 2013, cuando fueron desarticulados por los Mossos d’Esquadra, lideraba la banda y sus distintos ‘Bloques’ -de Paral·lel, Santa Eulàlia, Badal y La Florida- el procesado Fernando Arturo Cuello, que dentro de la organización ocupaba la posición llamada ‘Máxima’.

El procesado dirigía la actividad del colectivo, dedicado principalmente al tráfico de drogas, y repartía las funciones entre sus miembros, “velando por el cumplimiento de las mismas y, llegado el caso, acordando la imposición de represalias o castigos físicos a miembros del colectivo que se separasen o desobedeciesen las instrucciones impartidas”, según el relato de hechos que ha aceptado el acusado.

En la llamada posición de ‘Suprema’ se situaba su lugarteniente Ezequiel Emilio Sánchez, encargado de supervisar la actividad de los distintos ‘Bloques’ y de comprobar la satisfacción de los objetivos impuestos.

Bajo la dependencia de los cargos de ‘Máxima’ y ‘Suprema’ se encontraban los distintos ‘Bloques’, estructurados jerárquicamente y que contaban también entre sus miembros con ‘Guerreros’, cuya función era acometer ataques físicos violentos a miembros de grupos o bandas rivales, y con ‘Soldados’, que debían ejecutar las actividades encomendadas por sus superiores.

Según mantiene la Fiscalía y han aceptado los acusados, la banda se dedicaba a la venta de marihuana y hachís a terceros en los territorios controlados por cada uno de los ‘Bloques’, lo que obligaba a los Black Panthers a conservar el control de sus zonas geográficas frente a colectivos rivales.

Con ese fin, el colectivo pactaba con grupos similares de traficantes o bien ejecutaba acciones violentas contra ellos, para lo que se habían provisto de armas de fuego “con las que pertrecharse ilícitamente en caso de agresión”.

Además de numerosas armas, a los procesados se les intervino más de 7 kilogramos de marihuana en total, cantidad que en el mercado clandestino habría alcanzado un precio mínimo de 35.347 euros, según la Fiscalía.