El Ayuntamiento aplaza el fichero ideológico de los guardias urbanos

Colau pacta con el PDeCAT una demora hasta lograr el aval de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

La comisión de Presidencia de Barcelona aprobó ayer una propuesta del grupo Demòcrata (PDeCAT) para aplazar la entrada en vigor del fichero de datos sensibles de la Guardia Urbana hasta que se disponga de una resolución de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. La propuesta exige que, «en todo caso, se aseguren las garantías de que se respetan los derechos de protección de datos» con el fichero, llamado ‘Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos’.

La iniciativa prosperó después de que el grupo municipal transaccionara la propuesta con el Gobierno de Ada Colau, apostando por aplazar su aplicación en lugar de detenerla -como proponía inicialmente-, mientras que fueron rechazadas sendas proposiciones de C’s y el PP, la primera para retirar el fichero, y la segunda para anular la resolución que lo crea.

El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, aseguró que, siguiendo el procedimiento establecido, el fichero no iba a entrar en vigor hasta llevarlo a la Agencia Catalana de Protección de Datos, e insistió en que las unidades de investigación de cuerpos policiales tienen ficheros de este tipo.

El fichero recoge datos sensibles –como la religión, orientación sexual, filiación sindical y origen racial– para investigaciones y en ningún caso de forma generalizada, y representa un refuerzo de las garantías: «Estos datos están ultraprotegidos», aseguró Recasens.

La socialista Carmen Andrés insistió en que es imprescindible cumplir con el mandamiento legal de proteger los datos de carácter personal de los trabajadores de las administraciones públicas, algo que cumple el fichero, que «responde a la voluntad de proteger datos especialmente sensibles» que ya se recogían anteriormente en investigaciones.

El portavoz demócrata, Joaquim Forn, explicó que su grupo municipal podría estar de acuerdo con la necesidad de crear este fichero, pero que debe estar sometido a la legislación y debe garantizar «al máximo la seguridad jurídica de las personas del fichero y de los datos que se estarán gestionando».

El portavoz republicano, Jordi Coronas, admitió que el fichero generó muchas dudas en su grupo municipal -como quién podrá usarlo y de qué forma-, y alertó de que se trata de datos muy sensibles, por lo que «una mala praxis puede dar lugar a una vulneración de derechos fundamentales».

El concejal de la CUP Josep Garganté criticó que retirar el fichero pretende «perpetrar espacios de impunidad» y pidió a los grupos defender los Derechos Humanos en todos los casos y no sólo si afectan a miembros de la Urbana, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy sostuvo que el fichero vulnera los derechos de los agentes.

Paco Sierra (Cs) acusó al Gobierno de Colau de pretender crear una policía política y tachó de vergonzoso el fichero, tras lo que manifestó su sorpresa por que el grupo Demòcrata haya acordado con el Gobierno municipal aplazar la aplicación en lugar de detenerla: «Les están haciendo el tocomocho. No va sólo de transparencia, sino que lo que hace el Gobierno con la Urbana es un menosprecio constante».

La popular Àngels Esteller coincidió en aseverar que el Gobierno municipal quiere crear una policía política, porque Colau pone «bajo sospecha a los que no piensan como ella», por lo que no sólo quiere tener fichados a los delincuentes, sino también a los miembros de la Urbana, a su entender.