Colau recula con el top manta

El Ayuntamiento aumentará la presión sobre los compradores mientras la fiscalía investigará las redes de proveedores

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha tenido más remedio que volver sobre sus pasos y reconocer que el buenismo, lejos de resolver conflictos como el top manta, sólo ha servido para exacerbar los nervios de comerciantes, vecinos y oposición. La alcaldesa, no obstante, ha reculado a su manera. Castigarán con más dureza a los clientes del top manta mientras ayuda a los vendedores a regular su situación a través de planes de formación y empleo. A su vez, la fiscalía ha escuchado la petición de amparo de los comerciantes y ayer anunció que intensificará la lucha contra la venta ambulante ilegal, coordinando su actuación con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, y la centrará en la persecución de las redes que proveen los productos falsificados.

Tras varios meses de negociación, la mesa de ciudad organizada por el Ayuntamiento para abordar la venta irregular en la calle en Barcelona publicaba ayer sus conclusiones. Y lo hacía en un ambiente enrarecido por la falta de entendimiento entre las partes. Así, el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento, Amadeu Recasens, exponía las conclusiones de la mesa y las medidas a tomar como priorizar las multas a compradores. Recasens explicó que, pese a que las sanciones ya existían, en ningún caso se aplicaban con celo. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el presidente de la mesa de ciudad sobre el top manta, el concejal de ERC Jordi Coronas, insistieron, sin embargo, en que la apuesta municipal pasa por los planes de empleo destinados a los vendedores en situación irregular. Coronas se mostró convencido de que podrían llegar a ponerse en marcha más de ochenta planes entre los del Ayuntamiento, los comercios y las entidades. No en vano, el 70 por ciento de los aproximadamente 400 manteros que venden ilegalmente en las calles de Barcelona son personas en situación irregular que por ello es poco probable que puedan acceder a otro tipo de trabajo. Ortiz subrayó que hay que dar a conocer a las personas en situación de vulnerabilidad todos los recursos de los que disponen. Una de las conclusiones presentadas en la tabla es la creación de una tarjeta identificativa, una especie de DNI, para las personas en situación irregular para que puedan acceder a los servicios sociales sin tener que llevar el certificado de empadronamiento.

Sin que sirva de precedente, PP, CiU, C’s, PSC e incluso la CUP coincidieron en manifestar que la mesa de ciudad no ha aportado nada a lo que ya se había acordado antes de que empezasen sus reuniones, en diciembre pasado. El presidente municipal del PP, Alberto Fernández, recordó que, pese a no sentarse en la mesa, han seguido con interés su desarrollo. Por ello, a su juicio, las conclusiones de la mesa se reducen a «permisividad y regularización», por lo que reclamó contundencia e «impedir la impunidad de aquellos que no respetan ni leyes, ni ordenanzas». El portavoz del grupo municipal de CiU, Joaquim Forn, señaló que «desgraciadamente no hay nada nuevo» y denunció que «la respuesta del gobierno es la inacción policial y social», que ha provocado un retroceso, ya que el fenómeno estaba «controlado» y ahora hay más vendedores por un efecto llamada. En el otro extremo, la portavoz de la CUP-Capgirem, Maria José Lecha, calificó las conclusiones de «decepcionante» y señaló que en ella han quedado explicitadas las «medidas de represión» para perseguir al colectivo, mientras que todas las medidas sociales «ya eran las que se habían hablado».

Por su parte, la fiscalía tiene previsto recabar datos para analizar el fenómeno de la venta ilegal ambulante, especialmente en la ciudad de Barcelona, y la relación de los “manteros” con las redes organizadas dedicadas a la fabricación de productos de marca falsificados. En ese sentido, representantes del ministerio público mantendrán reuniones con los Mossos d’Esquadra y con la Guardia Urbana de Barcelona y coordinarán sus actuaciones en la lucha contra ese fenómeno. El propósito de la fiscalía es centrar la persecución del top manta en las redes que producen y suministran productos falsificados a los vendedores ambulantes por delitos contra la propiedad intelectual.