El Ayuntamiento de Barcelona reprueba al Rey y pide la abolición de la monarquía

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una declaración institucional en la que se rechaza y condena el posicionamiento del Rey y su intervención tras el 1-O y se pide la abolición de la monarquía.

El pleno del Ayuntamiento ha acordado una declaración institucional que reprueba el Rey Felipe VI y apuesta por abolir la monarquía al ser una "institución caduca y antidemocrática". La declaración fue llevada al pleno por la CUP y recibió el respaldo de BComú, Pdecat, ERC y los dos concejales no adscritos. Es decir, 29 concejales de 41, una mayoría más que suficiente para que una declaración institucional prospere. Lo cierto es que esta votación llega apenas unos meses más tarde de que el pleno intentase declarar persona “non grata” a Felipe VI. En aquella ocasión, sin embargo, la moción no prosperó gracias a la abstención del PdeCat y BComú.

Este tipo de declaraciones institucionales, que se leen al final de los plenos, no se debaten ni se defienden durante la sesión. Simplemente el partido que la promueve lee el texto en voz alta si logra el apoyo de dos tercios del pleno (27 concejales). En este contexto, antes de que Maria Rovira (CUP) leyera la declaración, los concejales de Cs abandonaron el salón de plenos. PSC y PP, en cambio permanecieron en sus escaños y pidieron la palabra. El presidente del PP municipal, Alberto Fernández, aseguró que su lugar era “dar voz a aquellos que defienden el Estado de Derecho". Por ello, señaló que “el PP quiere poner de manifiesto que nadie en nuestra democracia es perseguido por sus ideas sino por sus actos contrarios a la Ley”. Para los socialistas, que tampoco firmaron las declaraciones institucionales, Carmen Andrés expresó "respeto y defensa de todas las instituciones".

La declaración se inspira en el texto que aprobó el 11 de octubre el Parlament a instancias de Catalunya en Comú -la rama catalana de Podemos-, aunque la CUP prefirió prescindir de algunos fragmentos, como el que instaba al diálogo y al respeto a la pluralidad política. A raíz de aquella votación, el Gobierno encargó un dictamen al Consejo de Estado como paso previo a presentar un recurso al Tribunal Constitucional.

El texto de la CUP expone que durante el mes de octubre del año pasado “los poderes del Estado decidieron utilizar la monarquía como una trinchera más contra el pueblo organizado” y tilda el discurso del Rey el 3 de octubre, de “amenazador contra una parte de la población que dice representar”.

En el segundo punto rechaza y condena la posición del Rey Felipe VI, su intervención ante el conflicto catalán y "su justificación de la violencia policial"del 1-O. En el tercer punto, se reafirma el compromiso con los valores republicanos y se hace una apuesta por "la abolición de una institución que no tiene cabida y es tan antidemocrática como la monarquía".

Tal y como ocurre con estas declaraciones, no hubo intervenciones en el pleno a favor de estas iniciativas, sino que se ha dado lectura a las mismas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aceptó en el pleno la petición del grupo republicano de proponer a la Ponencia del Nomenclator dar el nombre de 1 de Octubre a un espacio público de la ciudad. Colau argumentó que el 1 de Octubre se ha consolidado como "una fecha histórica, más allá de la opinión política que tenga cada uno". Por otro lado, los votos en contra de los concejales independentistas y la abstención de BComú han impedido aprobar una proposición del grupo Popular para rechazar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, que han apoyado Cs, PSC, PP.

En la misma línea, el pleno aprobó otra declaración institucional impulsada por el Pdecat que exige la libertad de los políticos independentistas presos. Apoyaron el texto de los demócratas los mismos grupos que apoyaron la reprobación al Rey: los grupos municipales de BComú, ERC, la CUP y los dos concejales no adscritos.