El Ayuntamiento desaloja entre protestas una finca municipal

El edificio, con el Bar Marsella en los bajos, está destinado a viviendas sociales.

La Guardia Urbana, por órdenes del Ayuntamiento de Barcelona, desalojó ayer a una treintena de personas que, desde hace unos días, ocupaban el edificio municipal de la calle de San Ramón, número 1, en el Raval. Los agentes cortaron la calle desde primera hora de la mañana y poco después de las ocho llegaron cinco furgonetas de la Brigada Móvil de la Guardia Urbana para iniciar el desalojo. Un grupo de vecinos se concentró en el exterior para protestar en contra. Por la tarde, trabajadores municipales tapiaron el edificio para evitar que entrasen nuevos ocupantes.

El edificio, que alberga en sus bajos el histórico Bar Marsella, dispone de once pisos que el Ayuntamiento ha rehabilitado para destinar a alquiler social. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, defendió la operación y aseguró que «el deber como Ayuntamiento es defender el parque público de vivienda» y que «en estos casos la respuesta debe ser actuar con rapidez y siguiendo criterios de transparencia». Ortiz aclaró que «los pisos estaban adjudicados para vivienda pública, pero la obra aún no estaba recibida», y sentenció que «los pisos públicos no se adjudican en función de quién llegue primero».

La actuación policial, en cualquier caso, se realizó en un ambiente de notable tensión, con algunos de los ocupantes protestando desde los balcones con niños en brazos y con el trasfondo de los gritos de una decena de vecinos que se concentraron en el exterior. La policía desalojó un total de 22 personas, entre ellas un menor de edad en una operación que se alargó casi tres horas. De estas 10 personas, tres han aceptado un recurso de alojamiento, dos adultos y el menor, mientras que en los otros siete casos no se ha apreciado situación de vulnerabilidad porque tenían suficientes recursos económicos o una red familiar para atenderlos. Ante la posibilidad de que el edificio hubiera sido ocupado desde hace más de un mes, como habrían afirmado algunos ocupas, desde el Ayuntamiento informaron de que el lunes se constató que el edificio estaba vacío, y por ello se iniciaron los trámites para desalojarlo en las 72 horas posteriores a la ocupación.

El presidente de la Asociación de Vecinos de la manzana Robadors Picalquers Roig, Iván Rivera, aseguró que «la gente que ha tomado el edificio también son del barrio, también necesitan viviendas, aunque éstas no eran para ellos» y ha lamentado que «las familias que vivimos aquí nos sentimos desprotegidos ante este tipo de situaciones». El inmueble fue adquirido en 2013 por el consistorio y, según Ortiz, tenía prevista su entrega en primavera, ya que aún faltaba un último trámite, en el que Endesa pedía una estación transformadora para dar de alta los suministros».

Los grupos municipales del PP y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona respaldaron el desalojo de un edificio municipal en el Raval y culparon de la situación a la dejadez de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. En este sentido, el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, señaló que la «permisividad de la alcaldesa Ada Colau con los ocupas ilegales genera efecto llamada». Por su parte, la regidora del grupo de Ciudadanos Carina Mejías lamentó la ocupación del edificio, ya que considera que «las familias que habían acudido siguiendo los cauces legales a pedir viviendas sociales se verán perjudicadas por culpa de la dejadez municipal y la falta de agilidad para la adjudicación de pisos».