El Ayuntamiento desoye a la Defensora del Pueblo y evita rotular en castellano

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entregó ayer al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, el informe anual correspondiente al año 2012, que incluye un apartado según el cual el Ayuntamiento de Barcelona no atendió su propuesta sobre el uso del castellano, además del catalán, en las señalizaciones viales urbanas.

La Defensora del Pueblo denuncia que el Consistorio incumple con la normativa recogida en el artículo 56 de la Ley de Tráfico, que especifica que «las indicaciones escritas de las señales de tráfico se expresarán al menos en el idioma oficial». Además, el artículo 138 de la misma normativa recoge que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización «figurarán en el idioma castellano y, además en la lengua oficial de la comunidad autónoma», es decir, el catalán en el caso de la ciudad de Barcelona.

Sin embargo, el Consistorio barcelonés alega que no estaría incumpliendo la Ley de Tráfico,al considerar el catalán como la lengua oficial de Cataluña y, constitucionalmente, un idioma español oficial a nivel del Estado en Cataluña. Tras desoír el Ayuntamiento esta recomendación, la institución que vela por los derechos de los ciudadanos trasladó la queja al Congreso basándose en el artículo 3 de la Constitución y en el artículo 6.2 del Estatuto de Cataluña, que determina que tanto castellano como catalán son las lenguas oficiales de Cataluña.

La Defensora del Pueblo también recoge en el informe que se han atendido quejas sobre el empleo de una sola lengua cooficial en documentos e información publicada en la web del Ayuntamiento de Barcelona.

La demanda de la institución que vela por los derechos de los ciudadanos llega después de que en mayo de 2012 el TSJC sentenciase que el Ayuntamiento capitaneado por Xavier Trias debía adaptarse a la lengua habitual del ciudadano en la publicación de normas municipales , entre las dos oficiales sin necesidad de que este lo pidiese.

El precedente del Síndic

La Defensora del Pueblo recibió la denuncia a través del Síndic de Greuges, al que unos ciudadanos elevaron las primeras quejas y que recientemente consideró probado que se discrimina lingüísticamente a los ciudadanos castellanohablantes de Cataluña. En su último informe anual, el Rafael Ribó constata que las señales de tráfico que están únicamente en catalán suponen, además de un incumplimento de la ley, «vulnerar el principio de igualdad constitucionalmente establecido».

El Síndic de Greuges dejó constancia de que la información complementaria de las señales de tráfico colocadas en el Ciudad Condal está redactada únicamente en lengua catalana y advirtió de que esto «puede contravenir la legislación estatal básica en materia de tráfico, en los preceptos en los que son aplicables» en toda España. En este informe, el Síndic, Rafael Ribó, hizo referencia a las mismas leyes que recuerda Becerril que se tienen que aplicar en materia de señalización en todo el territorio estatal y que Barcelona incumple.