El BBVA cede 1.800 viviendas a la Generalitat para alquiler social

El acuerdo durará ocho años y el coste oscilará entre el 10% y el 18% de la renta familiar.

El banco BBVA cederá 1.800 viviendas a la Generalitat para que las destine a familias vulnerables, con contratos de alquiler que oscilarán entre el 10% y el 18% de la renta familiar por un tiempo estimado de cinco años. El acuerdo, que firmaron ayer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y la directora de BBVA en España, Cristina de Parias, estará acompañado de un plan de inserción social para velar por la mejora de las condiciones personales de las familias beneficiadas.

Como mínimo, la mitad de las viviendas que se cederán estarán vacías y el resto podrán estar ocupadas por familias afectadas por procesos de desahucios. La mesa de emergencias de la Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) coordinará la entrega junto con entidades y servicios locales.

La primera entrega de casas se realizará en las ciudades con más necesidad habitacional (Barcelona, Badalona, Hospitalet, Mataró...) y después se efectuará de forma semestral.

Este acuerdo entre el BBVA y el Govern tendrá ocho años de duración, aunque no excluye la renovación futura de la cesión, hasta el momento la mayor realizada por parte de entidades financieras, que ya no pueden ser sancionadas ni obligadas a ceder sus casas vacías desde que el Tribunal Constitucional (TC) decidió impugnar la ley 24/2015 de emergencia habitacional.

La impugnación de esta norma, no obstante, ha abierto nuevas vías de diálogo entre los bancos y el Govern, enfrascado ahora en la redacción de una nueva ley anti desahucios.

La anterior permitía al Parlament y a los ayuntamientos sancionar a aquellos bancos que tuvieran sus pisos vacíos durante más de dos años. También, les daba derecho a la compra preferente de estos activos para que no fueran a parar a fondos de inversión.

Mientras que algunos consistorios como el de Barcelona o Terrassa aplicaron la norma en toda su extensión, multando a las entidades y obligándolas a ceder casas , el Govern decidió desarrollarla de manera más «light». Anunció un nuevo tributo para gravar los inmuebles vacíos, que recaería en los bancos y grandes tenedores, no así a particulares. Gracias a este impuesto, la Generalitat logró recaudar en marzo 11,3 millones.

Pero un mes después, en abril, el TC decidió suspender esta ley por invasión de competencias, por lo que el gobierno catalán se ha visto obligado a rebajar el tono y tejer nuevos acuerdos para ampliar el necesitado parque de vivienda social en Cataluña, la comunidad líder en desahucios.