El clan Pujol: Tres generaciones bajo sospecha

No sólo es lujo lo que rodea a la familia Pujol. Tanto la mujer del que fuera presidente de la Generalitat como sus hijos están en el punto de mira de la Justicia por diferentes delitos relacionados con el blanqueo, la evasión de capitales o el tráfico de influencias. Desde hace años han sido y son investigados por varias causas, entre las que destaca el denominado «caso de las ITV», el cual ha permitido destapar otras tramas o negocios irregulares de este clan familiar en el que los movimientos de dinero a paraísos fiscales eran una constante. Y todo comenzó con Florenci, el padre del ex presidente, que también fue condenado.

EL ABUELO, PIONERO

Los problemas de la familia Pujol comienzan en 1959, cuando el padre del ex presidente, Florenci Pujol, fue condenado –junto al empresario David Tennembaum– por evasión de capitales a Suiza, según consta en el BOE del 9 de marzo de 1959. Ambos eran socios de una compañía dedicada al cambio de divisas y según se explica en el libro «Jordi Pujol: en nombre de Cataluña», Florenci Pujol era conocido como el «Pujolet de la Borsa», por lo que «el trabajo de cambio de divisas les trajo problemas con las autoridades», hasta el punto de que tuvieron que ser sus esposas, Maria Soley y Ruth Kischner, las que representaron a sus maridos en el Consejo de Administración de Banca Catalana.

«CASO ITV»

Fue en julio de 2012 cuando el nombre de Oriol Pujol, el más «polémico» de los hijos, aparece en un informe de la Agencia Tributaria, en el que se le apuntaba como «colaborador necesario» de una empresa que amañaba concesiones de ITV. Según los investigadores iban tirando de la manta, descubrían nuevos fraudes o delitos. A finales de 2012 sale a la luz que la familia ocultaba más de 137 millones en Suiza, los cuales habrían procedido de las empresas adjudicatarias de dichas concesiones. Y en marzo de 2013 fue formalmente imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Durante las pesquisas y declaraciones ante el juez, la esposa de Oriol, Anna Vidal, admitió haber cobrado 200.000 euros de la empresa de un imputado. De Oriol se decía que usó su «peso político» en beneficio de familiares y amigos.

PUJOL JR. Y SUS EMPRESAS

El movimiento de dinero a diferentes países, muchos paraísos fiscales, parece haber sido la tónica en una familia que forjó todo un entramado empresarial. Es lo que le ocurre a Jordi Pujol hijo, quien acumulaba hasta cinco empresas, de las cuales tres sólo tenían un trabajador y con las que había acumulado cerca de 31 millones de euros. Gracias a esta red societaria, realizaron 118 transferencias a un total de 13 países por un valor de 32 millones entre marzo de 2004 y noviembre de 2012. Incluso la ex pareja de Oriol Jr., Victoria Álvarez, reconoció al juez Ruz que le vio sacar de Andorra casi medio millón de euros en una mochila.

LSO COCHES DE LUJO DEL HIJO

El pasado mes de febrero, el juez Pablo Ruz solicitó información sobre la compra de seis vehículos de alta gama por Jordi Pujol Ferrusola. En concreto, se trataba de dos Porsche, un Jaguar, un Ferrari, un Lotus y un Mercedes, alguno de los cuales puede alcanzar los 750.000 euros. El magistrado imputó por blanqueo a su ex mujer, Mercé Gironés.

EL PATRIMONIO DE LA EX

En el marco de las investigaciones del «caso ITV», el TSJC descubrió que los ingresos de Oriol Pujol entre 2007 y 2009 fueron más del doble de los declarados por su esposa, Anna Vidal, y que el patrimonio de ésta en 2007 era cuatro veces superior al de Pujol. Al respecto, solicitó a diferentes bancos los movimientos de cuentas y tarjetas.

JOSEP Y LA AMNISTÍA

Otro de los hijos del ex presidente catalán se benefició de la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar más de dos millones de euros que guardaba en el extranjero. Él llegó a decir que parte el patrimonio que le atribuían pertenecía a otros dos empresarios que compartían nombre y apellido con él y su hermano. Pese a no haber una relación entre ellos, sí que hicieron, unos y otros, similares viajes de negocios en los que visitaron a los mismos clientes.

«NEGOCIOS» DE FERRUSOLA

La empresa de jardinería de la mujer de Pujol, Hidroplant, logró, entre otros, un contrato de 20 millones de pesetas en el puerto de Barcelona, para el cual no se celebró concurso previo. Se trataba del tercer contrato de este tipo que obtenía, aunque los dos anteriores apenas habían superado los dos millones. Empresas del sector se quejaron a este periódico de que cuando su empresa se presentaba a un concurso «se los llevaba todos», hasta el punto de que algunas dejaron de concurrir cuando se enteraban de que Hidroplant también optaba a la adjudicación. «Se creía la dueña de Cataluña», se queja un empresario que prefiere mantener el anonimato.

SUS DOS FIELES, IMPUTADOS

No sólo la familia del ex presidente Jordi Pujol está investigada en causas judiciales, dos de sus hombres de confianza cuando estaba al frente de la Generalitat de Cataluña, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, están imputados en el «caso Pretoria». Ambos fueron detenidos en octubre de 2009 por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón –que los imputó inicialmente delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias– como supuestos integrantes de una red de corrupción urbanística. Los dos ex altos cargos del Gobierno autonómico en tiempos de Pujol salieron de prisión en diciembre de ese mismo año tras pagar cada uno una fianza de un millón de euros. Alavedra y Prenafeta están a la espera de que el juez Pablo Ruz dicte el auto de apertura de juicio oral, que los sentará en el banquillo tras casi seis años de investigación.

La instrucción puso de manifiesto el supuesto desvío de fondos a varios paraísos fiscales, entre ellos Andorra, Suiza, Liechtenstein, Madeira, Islas Caimán o Delaware (Estados Unidos). Según un informe de la Policía Judicial, los dos ex altos cargos desviaron a cuentas andorranas más de cinco millones de euros. Asimismo, la investigación puso de relieve que Alavedra invirtió antes de 2001, supuestamente a través de su mujer, Doris Malfeito, 3,3 millones de euros en un fondo de inversión de las Islas Caimán, según constató un informe de la Agencia Tributaria.