El Consell de Garanties tumba la nueva tasa de Mas en materia de consumo

Artur Mas podrá aprobar finalmente los presupuestos de 2014 el jueves de la semana que viene, previsiblemente con el apoyo de ERC, después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya resuelto la impugnación del PP a las cuentas de la Generalitat. Los presupuestos se tendrían que haber aprobado el pasado 18 de diciembre, pero el PP pidió al CGE que estudiara si se adecuaban a la Constitución y al Estatut. El CGE, un remedo de Tribunal Constitucional catalán, presentó ayer el dictamen que avala las cuentas y ayer mismo se reunió la Junta de Portavoces para convocar el pleno que debe aprobar las cuentas el miércoles y jueves de la semana que viene.

El proyecto de la ley de presupuestos del gobierno catalán para 2014 se salva, no así la ley de acompañamiento. Aunque no es vinculante, el dictamen del órgano consultivo de la Generalitat da la razón al PP en tres apartados. Tumba un artículo sobre la tasa de la Agència Catalana de Consum, una disposición sobre el canon del agua y otra referente a la fractura hidráulica, conocida popularmente como «fracking».

Diez días para revisar la ley

El portavoz del PP catalán, Enric Millo, se hizo eco de la noticia e instó al gobierno de Mas a revisar la ley de acompañamiento, puesto que las tres resoluciones se han fallado por unanimidad. La primera señala que el proyecto para crear la tasa por la gestión y tramitación de reclamaciones en materia de consumo es «anticonstitucional y antiestatutario» porque el Govern no tiene competencias para «fijar a sus antojo» este gravamen.

El Govern preveía cargar con cien euros por reclamación a las personas jurídicas que acumulan más de 30 quejas reiteradas por sus servicios en materia de consumo, siempre y cuando las reclamaciones fueran admitidas por la Agencia Catalan de Consumo. El dinero que sacara lo pretendía destinar «íntegramente» a actuaciones en materia de defensa de los consumidores.

Al margen de vulnerar dos artículos de la Constitución y uno del Estatut, los magistrados denunciaban también que la tasa podría confundirse con una multa encubierta, cuando los procesos que gestiona la Agencia Catalana de Consumo no siempre tienen carácter sancionador.

La segunda resolución emplaza al Govern a revisar una disposición sobre el canon del agua, porque no puede modificarse con una norma con rango de ley, sino con una norma reglamentaria. Y la tercera, insta a cambiar el artículo que prohíbe la técnica del «fracking». El Consell de Garanties Estatutaries, en cambio, la semana pasada avaló la partida destinada a la consulta impugnada por el PP.