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Clamor pacífico contra el «procés»

Miles de personas salieron a la calle en Barcelona contra el independentismo. La manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana para frenar la deriva secesionista transcurrió sin incidentes

Miles de personas salieron a la calle en Barcelona contra el independentismo. La manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana para frenar la deriva secesionista transcurrió sin incidentes.

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Tras dos semanas marcadas por violentas protestas independentistas en Cataluña, el constitucionalismo replicó ayer con una concurrida manifestación en el centro de Barcelona. Organizada por Sociedad Civil Catalana, la movilización congregó a 80.000 personas, según datos de la Guàrdia Urbana –los organizadores cifraron la participación en 400.000 personas–. Pero más allá del clásico baile de cifras, la convocatoria sirvió para reactivar a la sociedad civil constitucionalista, prácticamente apagada en los últimos meses, y proyectar una imagen de fortaleza frente a un independentismo que, justo ahora, está sumido en un momento delicado, sin un horizonte claro y erosionado por su división interna.

Prueba de ese maltrecho estado en el que se encuentra el separatismo es que ayer se cumplían dos años de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y pasó de puntillas. Aunque es cierto que el independentismo se había manifestado 24 horas antes en Barcelona -congregó a 350.000 personas-, el segundo aniversario de la DUI apenas generó resonancia. A excepción del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los CDR, a través de las redes sociales, apenas se reivindicó -Quim Torra o la ANC, por ejemplo, ni se pronunciaron. Puigdemont, en este sentido, aseguró que la DUI, al ser proclamada en sede parlamentaria, «es la base real para llegar al reconocimiento» y avisó de que «el camino es irreversible».

Mientras la DUI pasó inadvertida –tan solo 400 personas convocadas por los CDR se concentraron en plaza Sant Jaume por la mañana–, el constitucionalismo monopolizó ayer la calle para mostrar su indignación para decir «basta» al «procés». En un ambiente totalmente festivo, la manifestación transcurrió sin incidentes, a pesar de que los planes de boicot de algunos grupúsculos independentistas –por redes habían llamado a cortar carreteras para evitar que los manifestantes llegaran a Barcelona y así lo hicieron–, surtieron efecto e impidieron que algunos manifestantes pudieran llegar a la concentración.

Entre banderas españolas y «senyeras»y muchas personas con camisetas de blanco –como había pedido SCC como símbolo de «esperanza y paz»–, en la manifestación se podían leer pancartas o gritos de «Gracias policía y mossos»; «Así no Sr. Torra», «Tabarnia is coming»; «52 per cent don’t want independence, we love Spain» (52% no quiere la independencia, amamos España); o, «Los periodistas no llevan casco», en alusión al ambiente pacífico y festivo que reinó toda la mañana, a diferencia de las protestas separatistas. También, «Barcelona, no se quema» o «Todos somos los mossos».

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En esta línea, una de las notas más destacadas es que los manifestantes exhibieron un importante respaldo a los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, cuerpos policiales en el punto de mira del independentismo y muy exigidos en las últimas semanas a raíz de las violentas protestas, y también reclamaron la dimisión de Torra. En este sentido, el presidente de Sociedad Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, en el discurso que pronunció al final de la manifestación, pidió la convocatoria de elecciones. «President, ponga las urnas», espetó, emulando a Carme Forcadell, cuando dirigió la misma reclamación a Artur Mas en la manifestación independentista de la Diada de 2014.

Bajo el lema «Por la concordia, por Cataluña: ¡Basta!!», la movilización arrancó en paseo de Gracia con calle Provenza y bajó hasta Gran Vía, donde se celebró el acto final. El constitucionalismo, además de proyectar una imagen de fuerza por la afluencia de gente –el paseo de Gràcia estaba abarrotado–, también consiguió una importante transversalidad social y política –todos los partidos contrarios a la independencia acudieron finalmente con sus primeros espadas–. SCC convocó la movilización con la intención de darle el protagonismo a la sociedad civil y relegó a un segundo plano a los líderes políticos. Pero los partidos constitucionalistas, con la mirada puesta también en las elecciones generales del 10 de noviembre, respondieron y optaron todos por asistir con una nutrida representación. En este sentido, tanto PSOE como el PSC acudieron con Josep Borrell, José Luis Ábalos, Meritxell Batet, Manuel Cruz o Miquel Iceta; también el PP, con Pablo Casado, Cayetana Álvarez de Toledo o Alejandro Fernández; C’s, con Albert Rivera, Inés Arrimadas o Lorena Roldán; Vox, con Ignacio Garriga; y, también estuvo Manuel Valls.

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Iceta aseguró que acudía porque compartía los objetivos de la manifestación, mientras Borrell afirmó que no veía disturbios como los que se han registrado en Barcelona desde los años 80 en toda España. Por el lado del PP, Casado, en clave electoral, reclamó a los socialistas que se comprometan a romper los acuerdos con el independentismo en Cataluña, mientras que Garriga (Vox) avisó al PSOE de que no puede estar a la vez con «los terroristas o mediando con Torra y con los patriotas defendiendo la unidad de España», y Rivera (C’s) afeó a los socialistas que «no se puede gobernar con (Quim) Torra, no se puede gobernar con (Arnaldo) Otegi ni con los que queman las calles. Hay que buscar soluciones de futuro que unan a los españoles».

En el acto final, conducido por la periodista Anna Grau, Marta Teixidó y Xavier Marín leyeron un manifiesto titulado «Por el fin de la exclusión», en el que se denunció los recursos «enormes» que ha derrochado el nacionalismo «en la idea de dividir». El acto concluyó con un discurso de Sánchez Costa, en el que constató el deterioro económico y social que ha causado el «procés», y desgranó cinco aspiraciones de la entidad: reformar la Ley electoral, que es un «candado» a la alternancia democrática; neutralidad en los espacios públicos; la normalización lingüística del español; despotilización de los Mossos d’Esquadra y los medios de comunicación públicos; y, una auditoría del «procés» para cuantificar los recursos destinados.