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El Gobierno recurrirá al TC las elecciones catalanas si son un plebiscito soberanista

Catalá: «El Gobierno impugnará elecciones si se convocan fuera de la legalidad»

Vigilará el decreto de convocatoria de las elecciones y la campaña institucional. Como en el 9-N, el TC podría decretar su suspensión. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confirmado que "si en Cataluña se convocan elecciones fuera del marco legal, el Gobierno procederá a su impugnación".

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Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene una ley electoral propia. Se rige por una disposición transitoria recogida en el Estatuto de 1979 y que fue prorrogada por el Estatuto de 2006, en el que se estableció que la aprobación de la ley electoral catalana requería del apoyo de un mínimo de dos tercios del Parlamento autonómico.

La falta de acuerdo ha llevado a que las elecciones catalanas se sigan rigiendo por lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Hay que recordar que en 2007 una Comisión de Expertos, designada por el Gobierno de Pasqual Maragall, entregó en la Cámara autonómica un informe que no concluyó nada. Y desde 2009 también hay una Iniciativa Legislativa Popular registrada proponiendo una reforma electoral que tampoco ha terminado en nada concreto.

La obligación de Artur Mas de ajustarse a lo que establece la Loreg, sin ningún paraguas autonómico en el que refugiarse, despeja el horizonte para que el Gobierno pueda impugnar cualquier desviación del camino legal por parte de la Generalitat en la convocatoria de las elecciones autonómicas que ha anunciado que celebrará en septiembre. Las elecciones del 27-S tendrían que formalizarse a principios de agosto, y, como ya hizo con el referéndum soberanista del pasado 9 de noviembre, el Gobierno está pendiente del decreto de convocatoria para ver si en algún punto se salta las exigencias de la Loreg: qué dice y hasta qué punto Mas recoge en él su voluntad política de convertir las elecciones autonómicas en un plebiscito independentista.

Si hay vulneración de la legalidad, y en ese decreto se plasma de alguna manera esa voluntad de convertir las elecciones en un plebiscito, el Gobierno lo impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC), pidiendo su suspensión inmediata.

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La Ley de Consultas catalana y el decreto de llamada a las urnas para el 9-N ya quedaron automáticamente suspendidos sólo seis horas después de que el Gobierno de Rajoy los impugnara ante el TC. Fue una decisión por unanimidad y que requirió la convocatoria de un Pleno extraordinario. Los doce magistrados del Tribunal Constitucional admitieron a trámite las impugnaciones y paralizaron la vigencia de la ley y de la disposición recurridas. Además, el Constitucional incluyó de forma expresa la suspensión de las demás actuaciones de preparación de la consulta o vinculadas a ella.

Entonces, el TC ya validó la impugnación del Ejecutivo contra el decreto de convocatoria del referéndum convocado por Mas porque «considerar soberano al pueblo catalán o a una parte del mismo, atribuyéndole la capacidad de ser consultado de manera autónoma y diferenciada del sujeto soberano –el pueblo español– sobre cuestiones que afectan a la unidad de la nación española, la independencia de Cataluña, constituye una infracción constitucional evidente».

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Además de vigilar el decreto de convocatoria de las próximas elecciones autonómicas en Cataluña, el Gobierno también hará un estricto seguimiento de la campaña institucional, si llega el caso de que se celebren los comicios, por si ve motivo para impugnarla ante la Junta Electoral Central.

En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado hoy que si en Cataluña se convocan elecciones fuera del marco legal, el Gobierno procederá a su impugnación, pero ha añadido que no parte "de una desconfianza de que se vaya a producir una convocatoria que no respete el marco jurídico actual".

En declaraciones a los medios antes de acudir a una reunión de coordinación de la Policía Judicial en el Consejo General del Poder Judicial, Catalá ha aclarado que las elecciones que se convoquen "no serán plebiscitarias"porque "no puede haber otro formato distinto"que los comicios para elegir diputados al Parlament catalán.

"Hay cierta confusión de si es plebiscitaria, como si lo que se fuese a elegir es otra cosa", ha afirmado, y en ese sentido ha indicado que, desde la Abogacía del Estado, estarán atentos por si hay alguna ilegalidad en su convocatoria.

"Si hay algún incumplimiento de la normativa lógicamente procederemos a su impugnación, pero no parto de una desconfianza de que se vaya a producir una convocatoria que no respete el marco jurídico actual", ha dicho.

En alerta

Los servicios jurídicos del Estado seguirán cada paso que den Artur Mas y Oriol Junqueras para poner en marcha su acuerdo sobre las elecciones plebiscitarias. En alerta por si hay decisiones con efecto jurídico que atenten contra la Constitución o contra el marco legal y el principio de la soberanía nacional. Una lista electoral unitaria, aunque se ajuste a un programa independentista, no es recurrible.

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En el terreno estrictamente político, el PP catalán lleva trabajando desde hace más de un mes en la organización de la campaña electoral para estar preparado en el caso de que Mas cumpliese su anuncio de elecciones a finales de septiembre.

En este proceso preelectoral, Génova y el PP catalán han instaurado una reunión todos los viernes entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la nueva vicesecretaria de Estudios y Programa, Andrea Levy, para analizar la situación y la estrategia. En el seguimiento del problema soberanista en Cataluña participan también el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el responsable de la campaña de las elecciones generales del PP, y director del Gabinete de la Presidencia, Jorge Moragas.

Aún no tienen agenda cerrada, pero sí la decisión de que también en esta campaña habrá una intensa participación de dirigentes nacionales en los actos del PP en Cataluña.