El Gobierno rescata la deuda de la Generalitat con Barcelona

«Banco de la Generalitat». «Prestamista». Son algunas de las expresiones que utilizan los partidos de la oposición para referirse a la situación que vive el Ayuntamiento de Barcelona con la Generalitat. El equipo de gobierno municipal que encabeza Xavier Trias reconoce una deuda de 226 millones, que la oposición eleva a más de 300 millones. Guerra de cifras aparte, Barcelona soporta la situación porque sus arcas están suficientemente saneadas, pero la oposición considera que, teniendo en cuenta el estado de las finanzas de la Generalitat, las consencuencias pueden acabar siendo nefastas para las arcas municipales.

La teniente de alcalde de Hacienda, Sònia Recasens, explicó ayer que el Ayuntamiento recuperará 123 millones antes de que acabe el año. La Generalitat pagará la factura a través del dinero que recibirá del Gobierno por medio del Fondo de Liquidez Especial para las Comunidades Autonómas. Este fondo es el mecanismo del Estado que creó en agosto similar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero en este caso para para resarcir a aquellos entes locales que están al corriente del pago con sus proveedores.

«Podemos estar satisfechos porque este mecanismo que ha articulado el Estado con la Generalitat de Cataluña reducirá de manera muy importante el volumen de deuda», aseguró Recasens. Con el préstamo del Gobierno, la Generalitat pagará al Consistorio su deuda del contrato programa de servicios sociales de 2012 o 20 millones del centro de diseño DHub.

Pendientes de pago

Los 123 millones del Fondo de Liquidez se sumarán a los 22 cobrados hasta 30 de junio, a 7 restados por voluntad del Ayuntamiento como diferenciales de transferencias y a 8,2 millones por deuda de 2012 que se prevé que la Generalitat reconozca y resuelva este año, según informó Efe. Recasens estimó que, al final del año, la Generalitat deberá a Barcelona 65,8 millones. A estos habría que sumar otros 8,2 millones correspondientes a obligaciones pendientes de reconocer por la Generalitat por motivos contables de calendario, que el Consistorio confía en que queden reconocidos antes de acabar el año.

Además, no va a ser fácil que el Ayuntamiento cobre todo lo que la Generalitat le debe. Un total de 21 millones corresponden al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que los grandes equipamientos sanitarios no han abonado durante décadas, pero la Generalitat considera que no debe pagar. La discrepancia tiene su origen en que la Ley de Haciendas Locales exime de pagar el IBI a los equipamientos sanitarios, como sucede a los de la Iglesia o Defensa, pero hace falta que en las ordenanzas fiscales se introduzca la exención, lo que en Barcelona no se ha hecho y «por tanto tiene derecho a cobrarlos». Aún así, Recasens reconoció que «tendría su lógica» modificar las ordenanzas fiscales de la ciudad para incorporar esta exención.

La próxima semana está previsto que se reúna por segunda vez la comisión municipal creada para analizar la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona y que el gobierno local presente un informe sobre una situación sobre la que la oposición pone numerosos interrogantes. Ayer el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, puso de manifiesto que «sólo cuando el Estado paga a Barcelona la deuda de la Generalitat y se lo resta de la transferencia a Artur Mas, Barcelona ha podido cobrar». Quiso añadir que mientras «el Gobierno del PP paga, la Generalitat de CiU es un lastre».

El PSC, por su parte, reprochó que el Ayuntamiento presentara las cifras a los medios de comunicación y no ante la comisión. Jor di Martí cuestionó las cifras dadas por el Consistorio porque «la última cifra hecha pública por el gobierno municipal era de 160 millones». En su opinión, «la desidia contable de la Generalitat y la ausencia de alcalde han hecho perder 74 millones de euros en Barcelona».

Con todo, el pago estatal rebajará antes de que acabe el año la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento barcelonés en un 70 por ciento.