El Govern aplaza el pago de los impuestos por la venta de ATLL

El proceso de privatización de Aguas Ter Llobregat (ATLL) se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza del Govern. La oposición intenta que la Generalitat aporte algo de luz sobre la adjudicación de la compañía que abastece el agua en alta en Barcelona, sin embargo, la máxima del silencio se ha impuesto mientras el caso se puede prolongar en los tribunales durante años.

La factura de la revocación del concurso que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia puede hacer un daño mayúsculo a unas arcas públicas ya de por sí minadas puesto que la adjudicataria, Acciona, ya ha pagado cerca de 300 millones al Govern y si no prosperan los recursos y acaba perdiendo el concurso deberá ser indemnizada. Además, la oposición quiere saber otros aspectos económicos sobre la operación que cerró la Generalitat la pasada legislatura para embolsarse 1.000 millones con la mayor privatización hecha hasta ahora por la administración catalana.

Pregunta parlamentaria

Ciutadans presentó el 14 de marzo una pregunta parlamentaria en la que solicitaba conocer los motivos por los que la Generalitat no ha exigido a la adjudicataria el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales. Con el embrollo judicial, la compañía había solicitado el aplazamiento del pago de este tributo, que supone el ingreso de unos 40 millones en las arcas catalanas.

El plazo de pago vencía el pasado 27 de enero, explican fuentes del sector, que añaden que la Generalitat sigue sin reclamar que se abone en un momento de grandes necesidades de liquidez. Resaltan el silencio sobre el tema.

En el Parlament, la situación sobre este asunto es similar. Mes y medio después de presentar la pregunta parlamentaria, la diputada de C's Carina Mejías todavía no ha recibido respuesta del ejecutivo autonómico. Concretamente, la formación quiere saber los motivos por los que no reclama el pago teniendo en cuenta «la grave situación económica que atraviesa Cataluña». Desde Ciutadans explicaron ayer a este diario que exigirán una respuesta para intentar aportar algo de luz a este proceso.

La venta de Aguas Ter Llobregat a Acciona fue cerrada en el tramo final de la pasada legislatura por el entonces conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder. Agbar inició una batalla legal porque consideró que se estaba favoreciendo a la otra concesionaria. Sin embargo, el pasado 27 de diciembre la Generalitat firmó con Acciona el contrato para la concesión de ATLL durante 50 años. Tras el pago de los 300 millones iniciales, la compañía debía ir abonando los 700 restantes durante la duración del contrato. Sin embargo, el 3 de enero, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat resolvió que la oferta de Acciona no cumplía el pliego del concurso, situación que obligaba a suspenderlo. Pero la Generalitat se niega a asumir la resolución y recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un auto del tribunal obliga a ejecutar la resolución, pero tanto la adjudicataria como el Govern recurren.