El Govern cifra en 6.000 millones la deuda pendiente del Estado con Cataluña

El conseller de Economía quiere negociar la recuperación de los impuestos catalanes anulados por el TC.

El vicepresidente y conseller de Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha cifrado en 6.000 millones de euros el dinero «que tendría que estar sobre la mesa si el Estado quiere cumplir con todo lo que implica el sistema de financiación vigente». El conseller ha advertido que el pago de esta cantidad «es lo mínimo exigible», ya que es una deuda que proviene de compromisos «incumplidos».

Los 6.000 millones incluyen tanto «competencias específicas, como el principio de lealtad institucional como lo que el mismo partido socialista aprobó con el Estatut», dijo Aragonés. Concretamente, se trata de cerca de 800 millones de euros para efectivos de los Mossos d’Esquadra que se han ido incorporando desde el 2010; 750 millones de euros de la disposición adicional tercera pactada para 2008, además de casi 3.000 millones de euros más vinculados a este apartado del Estatut. También, 1.460 millones de euros en concepto de aportaciones para la ley de dependencia. Aragonès considera que si «el PSC estuviera en el departamento de Economia y quisiera hacer una política meramente de gestión también lo tendría que poner sobre la mesa».

«Tú no renuevas un contrato con aquel que ha estado incumpliendo el contrato vigente», señaló Aragonès en referencia al modelo de financiación. Después de que Pedro Sánchez ya apuntara que la revisión del sistema no podría culminar hasta la próxima legislatura, Aragonès ha considerado que el hecho de que el próximo año haya elecciones en varias autonomías «pone dificultades» a la negociación sobre este tema. Con todo, advirtió de que «todas estas cuestiones no sustituyen el derecho de autodeterminación» en Cataluña. «Este Govern no ha nacido para negociar el modelo de financiación. Eso sería volver 15 años atrás», subrayó.

Aragonès apuntó que «no necesariamente hace falta ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para conseguir» los objetivos de la Generalitat, como por ejemplo que se produzcan cambios en el techo de déficit o en la regla del gasto. En este sentido, recordó que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había defendido que había que revisar el techo de gasto y el ritmo de reducción de los déficits cuando era consellera de la Junta de Andalucía.

En relación al déficit, explicó que confía en que este año Cataluña cumpla el objetivo del 0,4% este 2018, aunque hasta marzo el déficit ya era del 0,34%. Aragonès argumentó que los primeros meses del año no son significativos del conjunto del ejercicio.

En materia tributaria, Aragonès aseguró que el objetivo del Gobierno es que «el contenido» de figuras tributarias anuladas por el Tribunal Constitucional «vuelvan a estar sobre la mesa». En el caso de la tasa del audiovisual ha planteado como opciones llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado o modificar algunos aspectos del tributo. En relación al impuesto de depósitos bancarios –que se anuló porque ya hay otra figura impositiva similar en el Estado– ha apuntado como una de las posibilidades que el Ejecutivo español ceda este tributo a la Generalitat o que se modifiquen los tipos. Otra opción sería volver aprobar el impuesto. «Hay diferentes vías para recuperar el contenido de lo que aprobó el Parlament de Cataluña», ha insistido.

Aragonès, que ya ha descartado hacer presupuestos para este 2018, garantizó que las cuentas del 2019 tendrán un gasto superior a la del 2017. El vicepresidente explicó que desde el punto de vista técnico todo está en marcha para aprobar los presupuestos antes de acabar el año y dijo que, si los plazos se acabaran retrasando, sería por negociaciones políticas. En este sentido, ha asegurado que empezarán a negociar con la CUP pero no se cierran a un hipotético apoyo de Catalunya en Comú - Podem «y si hace falta con el PSC».