El Govern da un mes a los bancos para que informen sobre sus depósitos

Cuando la Generalitat se sacó de la manga a finales del año pasado un impuesto sobre los depósitos bancarios tenía pocas esperanzas de que prosperase. El Gobierno se planteaba dejarlo sin efecto como norma estatal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le dio un balón de oxígeno al levantar la suspensión que pesaba sobre el tributo catalán a la espera de una sentencia definitiva, que podría tardar años. La Generalitat no tardó en reaccionar y ayer publicó en su Diario Oficial que los bancos tienen un mes de plazo para comunicar el volumen de recursos que han captado en depósitos hasta el momento. No en vano, las previsiones apuntan que el Govern podría obtener hasta 500 millones anuales con esta tasa.

En concreto, los bancos que operan en Cataluña deberán comunicar a la Agencia Tributaria autonómica su saldo de depósitos a la vista y a plazos captados, además de especificar el número de sucursales y oficinas. La Generalitat cuenta con estos ingresos para minimizar los recortes. Así lo precisó recientemente el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, que indicó que la administración catalana contabilizará como ingresos de 2013 los recursos recaudados por el impuesto de depósitos bancarios, estimados, en un principio, en unos 500 millones al año. La Generalitat dijo entonces que este impuesto, que se liquida el 31 de diciembre, tendrán que pagarlo las entidades de crédito sin que éstas puedan repercutirlo en sus clientes.

El decreto ley que dio lugar a este impuesto prevé sanciones «por deslocalización de depósitos» y deducciones vinculadas al arraigo de las diferentes entidades financieras en Cataluña. Según aquel decreto, las entidades con depósitos por valor de hasta 150 millones de euros pagarán un gravamen del 0,3 por ciento; de esta cantidad hasta 600 millones, se aplicará el tipo del 0,4 por ciento y de 600 millones en adelante, el gravamen será del 0,5 por ciento. Aún así, habrá deducciones de la cuota resultante en 200.000 euros para aquellas entidades de crédito cuya sede esté en Cataluña, y de 5.000 euros por cada sucursal u oficina que tengan en Cataluña, una cantidad que será de 5.500 euros si estas están situadas en municipios con un padrón inferior a 2.000 habitantes, según el redactado vigente.

El Govern no tiene todavía claro, sin embargo, si este dinero lo obtendrá a través de la recaudación directa o será el Estado quien le «compensará» por no poderlo aplicar, de forma análoga a cómo sucede con otras comunidades que ya lo tenían aprobado como son Andalucía y Extremadura.