El Govern decide ahora llevar al Constitucional el decreto sanitario

Barcelona- La Generalitat ha decidido contestar. Tras contradecirse en múltiples ocasiones durante los últimos meses y ahora que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido cautelarmente el euro por receta, la Generalitat ha decidido llevar ante el Alto Tribunal el real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

El pasado 24 de abril, el BOE promulgó dicha norma estatal. Como respuestas, el 4 de junio, el Consell de Garanties Estaturies de Cataluña emitió un dictamen señalando que el texto del Gobierno contraviene en varios puntos tanto la Constitución como el Estatut. Un día más tarde, el 5 de junio, el Govern, reunido en el Consell Executiu, acordó llevar el decreto ante el TC haciendo suyo el informe del Consell de Garanties. Un mes más tarde, el 18 de julio, en el Parlament CiU (el partido de gobierno) y PP votaron en contra de interponer el recurso con el decreto ante el TC como pedían socialista, republicanos y ecosocialistas. El 31 de agosto, la conselleria de Salud decidió, un día antes de que el decreto entre en vigor, no aplicarlo en todas sus consecuencias. Y, ahora, el Govern asegura que llevará la norma del Gobierno ante el Constitucional.

Así lo anunció ayer el conseller de Salud, Boi Ruiz, en una entrevista a TV3. El decreto «vulnera competencias y la atención sanitaria que recoge la Constitución», dijo. Nada nuevo. Pero esta actitud se contradice con la mantenida por los convergentes que rehusaron llegar hasta el Constitucional alegando estar inmersos en un proceso negociador con el Gobierno. Un proceso que parece haberse roto y que coincide con la decisión del Alto Tribunal de suspender la aplicación de la tasa farmacéutica en Cataluña, a la espera de emitir sentencia sobre el asunto.

El Consell Executiu acordará hoy llevar el decreto ante el Constitucional y sumará su denuncia a las interpuestas por los gobiernes vasco, andaluz, navarro y asturiano. Aunque, de momento, la situación en territorio catalán no variará, ya que en verano, la Generalitat ya advirtió que no cumpliría con la normativa estatal.

Así, el CatSalud aseguró que daría cobertura a aquellas personas que, por no ser beneficiaras del Sistema Nacional de Salud (unas 600.000), dejaban de tener cobertura no urgente. Para ello, emitió una serie de requisitos que los afectados, inmigrantes no regularizados, entre otros, debían cumplir en seis meses.