El Govern descarta un adelanto electoral a pesar del fracaso en los presupuestos

Los «comunes» dan un portazo a las cuentas y Torra se resigna a una prórroga presupuestaria.

A pesar de que el Govern ha optado por una vía inédita y ha expuesto los presupuestos en el Parlament sin someterlos a votación por temor a perderla, no ha podido evitar el revolcón. En una bronca comparecencia parlamentaria, Quim Torra y Pere Aragonès no lograron ayer seducir a ningún grupo con las cuentas ni con la serie de medidas fiscales que plantearon, principalmente dirigida a intentar acercar posturas con los «comunes», el aliado hasta ahora para aprobar los presupuestos. Sin embargo, no lo lograron y el partido de Colau dio un portazo definitivo a las cuentas, lo que aboca a la Generalitat a la prórroga presupuestario por segundo año consecutivo.

De hecho, Torra, resignado, reconoció que el ejecutivo catalán se pondrá a trabajar ya en esa dirección. Una situación que, a juicio del líder del PSC, Miquel Iceta, y del líder del PP, Alejandro Fernández, debería de empujar al president a adelantar las elecciones o someterse a una cuestión de confianza. Extremo que Torra rechazó, que aseguró que seguirán gobernando. El líder de los populares, asimismo, se mostró abierto a apoyar una moción de censura, escenario que rechazan tanto PSC como C's.

Los «comunes», que se habían convertido en la única fuerza con disposición a negociar, cerraron definitivamente la puerta. «Ahí se quedan con su propuesta de presupuestos», zanjó la portavoz, Jéssica Albiach. Los «comunes», muy críticos con las inversiones –reprochan que el gasto total departamental previsto (24.282 millones de euros) es inferior al ejecutado en 2018 (25.307 millones)–, se mostraron también insatisfechos con la última baza de Aragonès, la reforma fiscal. El vicepresidente económico ofreció una subida del IRPF al 25,5 por ciento a las rentas superiores a 120.000 euros –el cambio supondría 165,3 millones más de ingresos–; rebajar la bonificación en Sucesiones a partir de los tres millones para recaudar 83,2 millones anuales; o, elevar medio punto el impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos hipotecarios para ingresar 77,8 millones de euros. Medidas que no han convencido al partido de Colau, que exige una reforma más ambiciosa.

La oposición constitucionalista puso el acento de sus críticas más en las formas que en el fondo. La líder de C's, Inés Arrimadas, aseguró que el debate de ayer se convirtió en un «ejercicio de degradación institucional» tras no votarse las cuentas. En este sentido, Iceta pidió «valentía» y Fernández calificó la sesión como una «falta de respeto» para el Parlament.