El Govern dice que la Justicia no puede tumbar a Forcadell

«Sólo la ciudadanía puede inhabilitar a la presidenta del Parlament, no un juez», dice Munté tras conocer la querella de la Fiscalía.

No hay tribunal que pueda inhabilitar a Carme Forcadell como presidenta del Parlament. Así al menos lo considera el Govern de Cataluña, que ayer descartó de plano que la querella anunciada por la Fiscalía del Estado contra Forcadell por delitos de prevaricación y desobediencia pueda acabar tumbando a la ex presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. «Solo la ciudadanía puede inhabilitar a la presidenta del Parlament, no un juez», aseguró ayer la portavoz del Govern, Neus Munté.

La portavoz aprovechó para referirse a la lista cada vez más extensa de cargos públicos (municipales y autonómicos) sobre los que pesa algún tipo de procedimiento judicial, producto de iniciativas independentistas y consideró que esto demuestra la impotencia del Estado. «El recurso permanente a la justicia y la inacción política del Gobierno del PP hace que se aceleren otro tipo de cosas: la constatación de que no hay una alternativa política más que la independencia», dijo Munté. Pero «ahora mismo, el calendario es el que detalló el president» y «no está puesto porque sí», advirtió.

Ni TC ni letrados del Parlament

Los soberanistas, por tanto, aseguran que cumplirán con su hoja de ruta sin atender ni a los tribunales españoles ni, por lo que parece, tampoco harán mucho caso a los asesores de las propias instituciones catalanas. Tal y como denunció en su momento el PP, ayer trascendió el contenido acta de la reunión de la Mesa previa a la celebración del Debate de Política General, en el que se acabó votando una resolución favorable a la celebración de un referéndum en contra de las advertencias del letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona.

Bayona, según el acta difundida por Europa Press, alertó de que la propuesta de resolución de JxSí y la CUP a favor de convocar un referéndum independentista antes de septiembre de 2017 podía vulnerar las órdenes del Tribunal Constitucional (TC), pero la Mesa de la Cámara, en la que JxSí tiene mayoría absoluta, alegó que prohibir la votación sería atacar a la «libertad de expresión».

El letrado mayor del Parlament advirtió en este punto de que «la posibilidad de que el TC pueda considerar que se produce un incumplimiento» de las sentencias e interlocutorias que anulan la hoja de ruta independentista e instan a los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern a paralizar cualquier iniciativa relacionada.

C’s, PSC y PP pidieron a la Mesa que reconsiderara su decisión de admitir a trámite la propuesta de resolución de JxSí y la CUP con el objetivo de impedir que se votara el referéndum en el pleno, pero la Mesa desestimó sus peticiones desgranando varios motivos.

Alegó que los dictámenes del Tribunal Constitucional se referían a resoluciones que tenían un contexto propio y diferente al del Debate de Política General en el que se votó el referéndum, y que pedir a la Mesa que prohíba propuestas «a favor o en contra del ‘derecho a decidir’, la autodeterminación el referéndum, la reforma de la Constitución, la independencia, etcétera, es, además de una función que no le corresponde, un ataque directo contra la libertad de expresión».