Tráfico
El Govern lanza otro desafío al vulnerar una normativa estatal sobre camiones
Dejará circular a vehículos que lleven 44 toneladas, cuando el límite es de 40
El nuevo Govern aún no ha arrancado, pero esto no evita que siga lanzando desafíos al Gobierno, casi siempre en forma de normativas que desobedecen a las del Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy.
La conselleria de Territorio y Sostenibilidad y el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), que depende de la conselleria de Interior, han iniciado una prueba piloto que durará un año, y que permitirá la circulación de camiones de transporte de mercancías de hasta 44 toneladas por las carreteras catalanas.
Teóricamente la previsión es adaptarse a la normativa europea, que permite la circulación de camiones de transporte de mercancías con capacidad para 44 toneladas, pero lo cierto es que el máximo permitido en España es de 40 toneladas, según la normativa vigente.
Registro previo
Según explicaron a Ep fuentes de Territorio y Sostenibilidad, los camiones deberán apuntarse previamente en un registro que gestionará el SCT, y se permitirá la circulación de camiones con cabeza tractora de dos o tres ejes y semirremolque de tres ejes.
Los Mossos d'Esquadra serán los encargados de realizar los controles y supervisar que los camiones cumplan los requisitos y no sobrepasen la carga, y la distancia máxima permitida es de 150 kilómetros. Las mismas fuentes defendieron que la medida comportará beneficios económicos y ambientales, al reducir las emisiones, a la vez que «mejorará la eficiencia de los trayectos y los costes».
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) acordó tomar medidas legales contra el Govern si autoriza la circulación por las carreteras catalanas de camiones con un tonelaje de hasta 44 toneladas.
«Las federaciones nacionales de transportistas han acordado plantear una batalla judicial ante los tribunales por romper la unidad del mercado del sector», advirtió Fenadismer.
Esta federación del sector de transportistas consideró que esta medida «rompe la unidad de mercado, y vulnera el reparto competencial en materia de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte, que corresponde en exclusiva al Gobierno».
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