El Govern limitará los sueldos de los alcaldes sin tocar el de Trias

Xavier Trias podrá seguir siendo el alcalde que más cobre de toda España (144.708 euros anuales brutos). Será el único que permanezca a salvo de los límites que prepara la Generalitat en el marco de la ley de gobiernos locales. En virtud del autogobierno que le otorga la Carta Municipal de Barcelona, Trias (y el conjunto de los concejales del Ayuntamiento) no sufrirán los topes que ultima el Govern para poner fin a los despropósitos del mundo local. «La crisis nos ha hecho darnos cuenta de que las administraciones no son sostenibles tal y como lo eran cinco o diez años atrás», afirmó ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, en un acto del Fórum Europa.

Ortega no concretó los límites que se fijarán y únicamente explicó que se establecerán «en función del tipo de entidad local, de la población, de las circunstancias económicas de cada corporación y de las responsabilidades de su alcalde». Todos estos topes se fiharán anualmente en los prespuestos de la Generalitat, donde también se asignarán los derechos a dietas.

El objetivo, por supuesto, es reducir la carga que supone el mundo local. Cataluña tiene hoy en día 946 municipios y la Generalitat aspira a reducir este número. Para lograrlo, ofrecerá condiciones ventajosas. Ortega celebró en este sentido la iniciativa de cuatro ayuntamientos de la comarca del Pallars Sobirà (Lleida) que han solicitado la fusión voluntaria. Se trata de Esterri d'Àneu, Alt d'Àneu, Guingueta y Espot, que pasarán a administrarse a través de un único ayuntamiento una vez entre en vigor la nueva norma.

Otro punto destacado de la ley de gobiernos locales está relacionado con los consejos comarcales, unas instituciones que están en el punto de mira de la vicepresidenta desde la pasada legislatura y que, a menudo, han sido criticados por representar una carga innecesaria. Estos consejos dejarán de tener un pleno donde están representados cargos electos y pasarán a ser gestionados por un consejo de alcaldes. Además, los cargos públicos serán asignados por concurso a profesionales. Todo ello permitirá la supresión de 1.034 cargos públicos remunerados. En este caso, quien quedará a salvo en virtud de su marco de autogobierno será el Conselh Generau de Aran.

Los alcaldes de Tarragona y Lleida, ambos socialistas, evitaron polemizar con la Generalitat, aunque el primero, Josep Fèlix Ballesteros, pidió que se adelgace la administración autonómica y la comarcal. Por su parte, Àngel Ros reclamó mancomunar servicios municipales.

Ortega ve más margen para la financiación

Los dirigentes de Unió Democràtica no pierden de vista en ningún momento que el año que viene debe entrar en vigor un nuevo modelo de financiación, lo que significa que en los próximos meses deberán comenzar las negociaciónes. Consciente de ello, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, afirmó que ahora «seguramente hay más margen» con el Gobierno, aunque, matizó, «una cosa son las palabras y la otra los hechos». «Si veo más oportunidades sólo lo podré decir cuando esté atado, pero la voluntad es la de dialogar con el Gobierno sin renunciar a los planteamientos de Cataluña», dijo en alusión a la consulta soberanista que promueve la Generalitat en 2014.