El Govern no designa a ningún experto para negociar la nueva financiación

La Generalitat inicia el despliegue territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña con el fin de una Hacienda propia.

Mientras el departamento de Economía de la Generalitat concentra sus energías en desarrollar la Agencia Tributaria de Cataluña con el objetivo de disponer a corto plazo de una Hacienda propia, continúa al margen de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Aunque sólo falta una semana para crear oficialmente el grupo de expertos autonómicos que debe trabajar el nuevo modelo, el Govern no ha comunicado el nombre del académico que debe integrarse en él ni tampoco tiene previsto hacerlo. Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, envió una carta a Oriol Junqueras, para instarle a que lo haga «a la mayor brevedad posible».

Pero Junqueras estaba concentrado en otros asuntos ayer, relacionados precisamente con las estructuras de estado de Cataluña. Del proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2017 hay dos partidas que sobresalen: una, la destinada a costear un referéndum de autodeterminación (5,8 millones), y otra, la prevista para desarrollar una Hacienda propia (93,3 millones, es decir, 57,4 millones más que en 2015). El objetivo del Govern respecto a esta última partida es el de incorporar a unos 900 trabajadores y el de abrir 19 nuevas oficinas, 15 de las cuales deberían ponerse en marcha en los próximos meses.

El vicepresidente de la Genera- litat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, está al frente de este ambicioso proyecto con el indisimulado objetivo de acercar a Cataluña a la soberanía fiscal. Junqueras se desplazó ayer al barrio de Poblenou en Barcelona para abrir la primera de las 15 mencionadas oficinas y aprovechó para proclamar que el despliegue territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña es «un paso más hacia la Hacienda propia, ya que permitirá ejercer plenamente las competencias tributarias en materia de recaudación ejecutiva y de gestión de los impuestos cedidos».

Según el calendario que se ha fijado el Govern, el próximo 1 de septiembre deberían entrar en funcionamiento las 14 oficinas restantes. Para ello, se ha encargado a Infraestrucuturas.cat (una empresa pública de la Generalitat) la redacción de los proyectos de adecuación de los espacios así como su remodelación. En total, dispondrá de 5,8 millones para completar el encargo.

La funciones que asumirán estas oficinas son las de recaudación ejecutiva de los contribuyentes que tengan deudas pendientes con la administración (como pueden ser sanciones de tráfico) y la gestión directa de los impuestos cedidos (transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones), que ahora liquidan, además de la ATC, los registradores de la propiedad. Las oficinas serán de alquiler y la Generalitat pagará por ellas un máximo de 550.000 euros al año, según la conselleria de Economía.