El Govern planea la expropiación temporal de pisos a los bancos

La Generalitat trata de zafarse del TC, que suspendió la ley de emergencia habitacional.

Hace cuatro días quedó confirmado que el Tribunal Constitucional (TC) mantiene la suspensión sobre la ley de emergencia habitacional de la Generalitat, a la espera de que haya sentencia definitiva, según confirmó la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs. La respuesta del Govern, en una nueva maniobra para burlar al TC, ha sido aprobar su proyecto de ley de medidas de protección del derecho de vivienda de las personas en riesgo de exlusión social.

Sustitución

De esta manera, el Govern aprobó ayer este anteproyecto de ley, para sustituir los artículos suspendidos de esta normativa que prevé, entre otras cosas, expropiar pisos vacíos, de forma temporal, a los bancos y negociar la paralización de los desahucios de familias en situación de pobreza.

Se trata de una forma de evitar por parte de la Generalitat la suspensión del TC. Borràs compareció ayer después de la reunión del Consell Executiu, y señaló que el Govern enviará este mismo mes el texto al Parlament para que sea aprobado.

«Es un texto muy jurídico, sólido y riguroso, por lo tanto difícil de ser recurrido», señaló Borràs durante su comparecencia, y además aseguró que el anteproyecto se ha hecho en un «tiempo récord», y con la colaboración del Consejo de la Abogacía de Cataluña, de las entidades municipalistas y de los impulsores de la ILP de vivienda y pobreza energética, entre otros.

A su juicio, el objetivo era «hacer lo mismo que ha suspendido el TC, pero hacerlo por otras vías». Añadió que se trata de una “respuesta de país a la suspensión de los artículos de la ley de emergencia social suspendidos por el TC». «La hemos hecho rápido, porque no queremos que los ciudadanos se vean sometidos a una falta de ley por falta de sensibilidad del Gobierno», añadió.

La nueva ley prevé la sustitución de la cesión temporal obligatoria de viviendas vacías por una expropiación temporal del uso de viviendas vacías de entidades financieras, que se puede alargar entre cuatro y diez años. También se propone , como alternativa al alquiler social obligatorio de forma indefinida, un sistema de realojamiento de familias con un alquiler social durante tres años, ampliable a seis.

La consellera avanzó que el anteproyecto de ley mantiene «un potente proceso de mediación para evitar los desahucios amparándonos en el Código de Consumo y prevé la creación de entes territoriales que analizarán los casos y elaborarán planes integrales para solucionarlos».

En el caso de los desahucios, el nuevo texto prevé que los bancos tengan la obligación de realojamiento de las personas en riesgo de exclusión social por pérdida de vivienda y fija un sistema transitorio para que, por un periodo de tres años ampliables a otros tres, las entidades financieras ofrezcan un alquiler social a las familias.